En Madrid, en fecha reciente, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer el análisis de la solicitud presentada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, junto con exconsejeros como Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes buscan la suspensión cautelar de sus penas de inhabilitación. Este movimiento busca alcanzar un consenso sólido que resulte en el rechazo de las medidas solicitadas.

Según información verificada por 'La Razón' y confirmada por fuentes del ámbito jurídico, el Pleno del Tribunal tomó esta decisión de última hora, con la finalidad de ofrecer una respuesta cohesiva a los exfuncionarios catalanes que han sido condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Pleno inicial tenía programado emitir un veredicto basado en diversas ponencias asignadas a distintos magistrados, abarcando tanto a miembros conservadores como progresistas, todos inclinados a rechazar la solicitud de estos líderes independentistas.

Los responsables políticos de ERC y el líder de Junts han solicitado la rehabilitación cautelar mediante recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, en oposición a la decisión del Tribunal Supremo que negó la amnistía por malversación en el contexto del referéndum ilegal.

Estos cuatro individuos fueron condenados por malversación y sedición, enfrentando penas de hasta trece años de prisión y de inhabilitación. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez concedió indultos para las penas de prisión en 2021, mantuvo vigentes las de inhabilitación, las cuales el Supremo rehusó amnistiar, argumentando que la malversación cometida durante el 'procés' se encuentra entre las excepciones establecidas por la ley para no aplicarla.

Los magistrados de la Sala Segunda argumentaron que la malversación implicó beneficios patrimoniales para los líderes independentistas, quienes no solo utilizaron fondos públicos para sus fines personales, sino que además hicieron peligrar los intereses financieros de la Unión Europea, dado que una posible secesión de Cataluña podría haber afectado significativamente los ingresos de esta organización procedentes de España.

El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite estos recursos de amparo, pero aún no se ha fijado una fecha para su resolución. Se estima que esto se resolverá durante el próximo año. Mientras tanto, los líderes independentistas han solicitado la suspensión de la pena de inhabilitación, la cual, en el caso de Junqueras, se extiende hasta 2031. Este debate ha quedado, sin embargo, pospuesto.

El fiscal del TC se opuso a la rehabilitación cautelar, argumentando que esto implicaría anticipar una decisión respecto a los recursos de amparo. Además, sostuvo que mantener las inhabilitaciones no provoca un perjuicio irreparable.

De acuerdo con las fuentes consultadas, hay un principio constitucional que establece el rechazo a la suspensión de penas vigentes cuando el tiempo que queda por cumplir es mayor que el que necesita el TC para abordar los recursos de amparo, lo que aplica en esta situación particular.

Adicionalmente, es relevante mencionar las observaciones del abogado general de la UE, Dean Spielmann, quien el 13 de noviembre hizo declaraciones sobre diversas consultas legales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la amnistía, indicando que no se puede obligar a los tribunales nacionales a emitir decisiones absolutorias antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie.

En una línea similar, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comin y Lluís Puig han interpuesto recursos de amparo ante el TC contra la decisión del Supremo de no amnistiarles por la malversación relacionada con el 1-O, pidiendo que se levanten las órdenes de detención que pesan sobre ellos. A pesar de que sus recursos fueron admitidos, se espera que las solicitudes cautelares sean también denegadas, conforme a las mencionadas fuentes.