El actual Gobierno de España aún no ha hecho pública la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque la comisión de investigación correspondiente ha solicitado acceder a ellos.

En un giro significativo, este martes marcará el inicio de las comparecencias de la comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils. En esta primera sesión, el testimonio del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, se convierte en crucial, puesto que se busca aclarar si existe alguna relación entre el espionaje español y los terribles ataques, tal y como insinuó en algún momento el excomisario José Manuel Villarejo.

La creación de esta comisión se acordó en el Pleno del Congreso el pasado 12 de diciembre de 2023, con su constitución llevándose a cabo en enero de este año. A solo dos semanas de cumplirse un año desde su formación, los interrogatorios empiezan a tomar forma. La comparecencia de Sanz Roldán, que estaba inicialmente programada para la semana pasada, fue pospuesta a este día.

En la misma sesión, también se espera la declaración de José Luis Olivera, exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), lo que añade una dimensión adicional al proceso de investigación.

La semana siguiente, específicamente el 4 de diciembre, Villarejo volverá a comparecer ante la Cámara Baja. Anteriormente había sido convocado para esclarecer temas relacionados con el 'caso Kitchen' y la 'operación Cataluña'. El Congreso planea citarlo nuevamente en las próximas semanas para indagar sobre posibles maniobras que el Ministerio del Interior pudo llevar a cabo durante la gestión de Jorge Fernández Díaz, encaminadas a desprestigiar a líderes independentistas y otros opositores políticos.

Villarejo, en su momento, promovió la idea de que los atentados de 2017 podrían haber sido una especie de operación del CNI en represalia contra el Gobierno independentista de Carles Puigdemont. Esta teoría sostiene que el imán de Ripoll, uno de los terroristas que fallecieron en la explosión en Alcanar, era confidente de los servicios de inteligencia, lo que generó la narrativa de que todo se habría descontrolado. Esta versión ha sido considerada plausible por Junts y otros sectores en el ámbito político.

Además de Villarejo, también se espera la comparecencia de figuras clave como el que era secretario de Estado de Seguridad en el momento de los atentados, José Antonio Nieto, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, entre otros.

En la lista de comparecientes establecidos por la comisión se encuentran además el exministro del Interior José Ignacio Zoido, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta y responsable del CNI.

El 26 de septiembre pasado, esta misma comisión exigió al Gobierno que desclasificara documentos del CNI relacionados con el imán de Ripoll, quien, se afirma, fue confidente de los servicios de espionaje y murió en la explosión que precedió el ataque terrorista.

No obstante, según informaciones proporcionadas a Europa Press por fuentes gubernamentales, aunque el Ministerio de Defensa ha mostrado disposición para facilitar el acceso a ciertos documentos del CNI, hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta de desclasificación ante el Consejo de Ministros.

Fuentes del ámbito parlamentario han señalado que, si el Ejecutivo sigue sin desclasificar los documentos que posee el CNI, el interrogatorio a Sanz Roldán podría no ser esclarecedor, ya que podría invocar la reserva sobre información confidencial.

Cabe recordar que Sanz Roldán ya tuvo la oportunidad de comparecer en una ocasión anterior, ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, una entidad encargada de supervisar al CNI y con acceso a datos secretos. La actual comisión de investigación ha acordado que, de ser necesario, podría solicitar la reinstauración de esa comisión para tratar información que requiera reserva, compuesta únicamente por los portavoces parlamentarios.