El partido Podemos ha manifestado su oposición a la reciente propuesta de gravamen presentada por el Gobierno, ya que aboga por la implementación de un impuesto en su lugar.

En Madrid, el 12 de enero, se dio a conocer que el Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar el próximo 22 de enero un decreto que propone un nuevo gravamen temporal dirigido a las compañías energéticas para el año 2025. Esta iniciativa enfrenta la resistencia de formaciones políticas como el PP, el PNV y Junts, cuyos apoyos son esenciales para que la medida prospere.

El Gobierno aprobó esta nueva tasa en la última reunión del Consejo de Ministros del año pasado, cumpliendo así con un compromiso adquirido con ERC, Bildu y BNG. Cabe recordar que, aunque esta tasa ya se había instaurado el año anterior, quedó sin efecto al implementarse una reforma fiscal que incluía una cláusula impulsada por el PP, la cual fue respaldada por los votos del PP, PNV y Junts en las Cortes.

El diseño de este nuevo gravamen incorpora bonificaciones para aquellas empresas que realicen inversiones en actividades que se consideren "esenciales" para avanzar en la transición ecológica y la descarbonización. Además, existe la intención de transformarlo en un impuesto que pueda ser gestionado por las instituciones forales correspondientes.

Concretamente, se estipula una bonificación máxima del 60% sobre el importe del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas, las cuales serán evaluadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

Entre las posibles inversiones se encuentran desde la producción de hidrógeno renovable hasta la conversión de residuos en productos reutilizables o en gases renovables, como el biogás.

Adicionalmente, para que estas bonificaciones fiscales se apliquen, las empresas energéticas que estén sujetas a este gravamen deberán presentar una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acompañado de un informe que acredite que sus inversiones se consideran estratégicas.

La dependencia de un informe notificado por el departamento liderado por Sara Aagesen podría ser motivo de controversia, ya que este informe tiene carácter vinculante para la Administración Tributaria. Si la notificación no se produce en un plazo de tres meses tras la solicitud, se considerará que la respuesta es negativa.

El hecho de que el Gobierno sea el encargado de determinar qué inversiones son consideradas estratégicas ha generado críticas, especialmente por parte de Junts. La formación liderada por Carles Puigdemont ha advertido que este gravamen podría comprometer inversiones significativas en Cataluña, como la de 1.100 millones que Iberdrola planea invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico.

Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban ya ha manifestado que su partido votará en contra, argumentando que la tasa viola el principio de relaciones con las comunidades forales, afectando tanto a la comunidad autónoma vasca como a Navarra. Este gravamen impide que estas comunidades gestionen y recauden los fondos correspondientes.

Por último, queda en el aire cómo se posicionará Podemos en la votación, dado que en varias ocasiones han expresado su desaprobación hacia la fórmula del gravamen, insistiendo en que prefieren la implementación de un impuesto más convencional.