Crónica España.

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El CGPJ validará el miércoles a los postulantes respaldados por la corriente conservadora para dos posiciones cruciales en el TS.

El CGPJ validará el miércoles a los postulantes respaldados por la corriente conservadora para dos posiciones cruciales en el TS.

Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas están a punto de ser confirmados como presidentes de las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, una decisión que surge tras la retirada de sus competidoras Ana Ferrer y Pilar Teso. Este desarrollo está programado para el Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebrará el próximo miércoles.

La Sociedad de Jueces ha estado en un tira y afloja desde que el CGPJ, en octubre pasado, anunció la necesidad de cubrir varias presidencias vacantes en el Tribunal Supremo. En febrero, se optó por dividir las plazas, facilitando la elección de algunos candidatos, como Ignacio Sancho para la Sala Primera, quien fue un candidato único, mientras que Concepción Ureste se encuadró en la progresista Sala Cuarta, dejando de lado a otros postulantes conservadores.

El CGPJ ha estado inmerso durante meses en la búsqueda de consenso para estos nombramientos, especialmente importante porque la Sala de lo Penal tiene la responsabilidad de juzgar a altos funcionarios, entre ellos miembros del Gobierno y senadores. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo examina la legalidad de las decisiones gubernamentales.

El conflicto llegó a un punto muerto en mayo cuando la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, presentó el tema en Pleno por tercera vez, resultando en un empate. Ante la falta de acuerdos, decidió enviar el tema de vuelta a la Comisión de Calificación para intentar renegociar. Se había indicado que la voluntad era conseguir estos nombramientos antes de concluir el año judicial, pero las posturas se mantenían estancadas.

Como resultado del estancamiento, el pasado jueves, Ferrer y Teso decidieron retirar sus candidaturas. Ambas actuaron para evitar que el conflicto condujera a un nuevo fracaso, lo que podría haber llevado a declarar desierta la convocatoria y dejar las salas en una situación de interinidad aún más prolongada.

Ferrer comunicó su decisión a Perelló en una carta, subrayando que la situación actual no podía continuar y que era fundamental no perpetuar el vacío en la presidencia de la Sala Segunda. Lamentó que la ciudadanía podría perder confianza en las instituciones si prevalecen los vetos ideológicos sobre la competencia y la equidad en las instituciones.

Teso compartió una visión similar en su misiva, expresando su renuncia ante la falta de consenso y las preocupaciones sobre la continuidad de la interinidad en la Sala Tercera, advirtiendo que eso podría afectar su capacidad para enfrentar desafíos futuros.

Mientras que el bloque progresista defendía su elección de Ferrer y Teso, con la perspectiva de que estas candidatas podrían aportar un gobierno sólido y de continuidad, los vocales conservadores abogaron por Martínez Arrieta y Lucas, destacando su experiencia y su idoneidad para asumir la dirección de las respectivas salas.

Se ha indicado que la decisión de las dos magistradas de renunciar fue independiente, a raíz de la confirmación de que no podrían obtener los votos necesarios para acceder a los cargos. Sin embargo, también se ha sugerido que pudieron haber enfrentado presiones internas y estuvieron al tanto del "veto encubierto" hacia Teso, lo que complicó más el panorama.

En medio de este dilema, ambos candidatos masculinos parecen estar posicionados para recibir el apoyo del bloque conservador y quizás algunos progresistas, aunque es posible que surja disconformidad de algunos miembros que podrían optar por votos en blanco.

Con la ratificación de Martínez Arrieta y Lucas, se espera que se culminen alrededor de una treintena de nombramientos pendientes, en los cuales los sectores político y judicial han estado en conversación constante. Las decisiones que tome el CGPJ en este sentido serán cruciales para su futuro desempeño.

Este CGPJ se estableció hace un año tras un largo periodo de interinidad que dejó su predecesor debido a la falta de acuerdos político. Desde su inicio, han sido capaces de realizar 135 nombramientos, aunque solo el 43% han sido para mujeres, lo que ha desencadenado un debate no resuelto sobre la aplicación de la paridad en estos nombramientos.