El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una significativa decisión en su última sesión plenaria, donde ha dado luz verde a un acuerdo que obliga a la especialización de los miembros de la Carrera Judicial que serán asignados a las nuevas Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, así como a aquellas que abordan la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Dicho acuerdo, que se compone de cinco artículos, estipula que los cursos de especialización, los cuales serán ofrecidos por la Escuela Judicial, tendrán una duración mínima de 100 horas. Estos programas formativos se podrán realizar de manera online e incluirán exámenes de evaluación rigurosos, además de otros mecanismos para garantizar que los participantes cuenten con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

Además, se ha decidido que los jueces y magistrados que finalicen esta formación tendrán prioridad en la asignación de cargos dentro de estas Secciones especializadas. Esto sugiere un claro impulso a la profesionalización y a la capacitación adecuada de los responsables de juzgar en áreas tan sensibles como la infancia y la violencia hacia menores.

Por otro lado, el acuerdo también menciona que aquellos integrantes de la Carrera Judicial que provengan de otras jurisdicciones y obtengan un puesto en estas Secciones a través de concursos de traslado, deberán completar los cursos de formación antes de asumir sus nuevos roles, a menos que cuenten ya con el título que acredite su especialización.

La necesidad de establecer este marco regulatorio se deriva de las nuevas obligaciones impuestas por la ley destinada a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Dicha ley establece un plazo de cuatro meses para la convocatoria de estos cursos, el cual comenzó a contar desde su implementación el pasado 3 de abril.

Además, desde el CGPJ se ha resaltado que la aprobación de este acuerdo se realizó tras obtener el visto bueno de las asociaciones judiciales y de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, destacando así un proceso de consulta y colaboración con los actores involucrados en el ámbito judicial.