El 29,6% de españoles compró entradas online para conciertos en 2025, por encima de la media europea
En 2025, casi un tercio de la población española realizó compras de entradas para conciertos a través de internet en al menos un período de tres meses. La cifra alcanza el 29,6%, situándose por encima del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en el 26,8%. Este incremento refleja una tendencia creciente en la digitalización del sector cultural en España.
Este aumento en el uso de plataformas digitales para adquirir entradas responde a cambios en los hábitos de consumo y a la expansión del comercio electrónico en un contexto de transformación social y tecnológica. La UE ha reportado un crecimiento de 3,8 puntos porcentuales respecto a 2024, evidenciando una tendencia europea hacia la compra online de experiencias culturales.
Países como Irlanda, con un 51,5%, y Noruega, con un 50,3%, lideran el porcentaje de población que realiza compras de entradas en línea, superando ampliamente a países con menor penetración digital, como Bulgaria o Rumanía. Estos datos reflejan también las disparidades en la implementación de la digitalización en diferentes estados miembros.
El aumento en las compras digitales tiene implicaciones para la economía del sector cultural, favoreciendo la distribución y venta de entradas, pero también plantea desafíos en términos de regulación, protección del consumidor y gestión de derechos digitales. La digitalización puede favorecer una mayor accesibilidad, pero requiere políticas que aseguren transparencia y seguridad.
Desde una perspectiva política, esta tendencia refuerza la necesidad de políticas que promuevan la digitalización y protejan a los usuarios en plataformas en línea. La regulación del comercio digital y la protección de datos se vuelven prioritarias para garantizar un mercado justo y seguro para consumidores y promotores culturales.
De cara al futuro, la expansión del comercio electrónico en el sector cultural parece inevitable. La innovación tecnológica continuará favoreciendo nuevas formas de consumo, y las administraciones deberán adaptarse para potenciar la digitalización con un marco normativo sólido y eficiente.