El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha amenazado con reactivar las sanciones al petróleo, el gas y la minera de oro estatal de Venezuela si no se garantiza la participación de la oposición en las elecciones. La medida se produce como respuesta a la reciente inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Según el comunicado emitido por el Tesoro, a partir del 13 de febrero estarán prohibidas todas las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela C.A., a excepción de aquellas que involucren a personas o instituciones que hayan sido sancionadas previamente.

Estas sanciones fueron retiradas previamente el pasado mes de octubre como reconocimiento a los avances democráticos del Gobierno de Venezuela. Sin embargo, ahora han sido reinstauradas debido a las acciones recientes contra políticos opositores.

El Departamento de Estado también ha anunciado que no renovará la retirada de sanciones al sector del petróleo y el gas, así como a la empresa minera de oro estatal, cuando expiren en abril. Esto ocurrirá si el Gobierno de Maduro no garantiza la participación electoral de todos los candidatos inscritos.

La Administración Biden ha dejado claro su compromiso de apoyar el diálogo entre las partes y las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático. Sin embargo, también ha instado al Gobierno venezolano a respetar el acuerdo de Barbados con la oposición, el cual considera como el mecanismo más viable para resolver la crisis en el país.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha destacado que estas medidas son una respuesta a las acciones antidemocráticas del Gobierno de Maduro y ha afirmado que el alivio a los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril únicamente si se cumplen los compromisos establecidos.

La inhabilitación de María Corina Machado, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha generado fuertes críticas y ha sido interpretada como el fin del Acuerdo de Barbados. En este acuerdo, el Gobierno y la oposición acordaron permitir la participación de candidatos presidenciales de ambas partes.