Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han emitido una petición para aumentar la importancia de los aspectos ambientales y sociales en la evaluación de proyectos en las subastas de energía eólica marina, en comparación con lo establecido en el borrador del Real Decreto que regula esta industria.

El borrador del Real Decreto fue puesto a disposición para presentar alegaciones el pasado 26 de febrero y el plazo finalizó el 25 de marzo.

Asimismo, estas organizaciones han solicitado al Gobierno que limite la expansión de la energía eólica marina a los polígonos de Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de esta energía, que se establezca un diálogo público-privado obligatorio y que se les incluya en la mesa de trabajo donde se discutirá la implementación de la energía eólica marina con todos los sectores involucrados.

En un contexto de urgencia por alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea y España antes de 2040, así como proteger al menos el 30% del espacio marino para 2030, estas organizaciones proponen cinco medidas concretas.

En primer lugar, sugieren limitar el despliegue de la energía eólica marina a los polígonos de Zonas de Alto Potencial, priorizando aquellos con menor impacto ambiental.

Además, proponen que se realice una Evaluación Ambiental previa para cada zona, determinando el número máximo de aerogeneradores y su ubicación óptima, evitando proyectos que interfieran con zonas de importancia para la biodiversidad.

En segundo lugar, abogan por aumentar el peso de los criterios ambientales al 50% y los sociales al 25% en la evaluación de proyectos en las subastas, en contraste con el 30% propuesto en el borrador del Real Decreto.

Tercero, critican la falta de regulación clara en el procedimiento de concurrencia competitiva en el borrador del Real Decreto, afirmando que limita la participación pública. Sugieren que las condiciones de concurrencia competitiva se definan en el borrador y que se realice un informe sobre el impacto ambiental antes de la redacción de la Orden Ministerial.

En cuarto lugar, solicitan que el diálogo público-privado cuente con la participación de comunidades locales, asociaciones ambientales y sectores públicos afectados, con una estructura y formato definidos previamente.

Por último, instan a la creación de un Fondo Público en cada Zona de Alto Potencial, financiado con un canon establecido en la generación de cada proyecto, destinado a apoyar proyectos socioeconómicos sostenibles y la protección ambiental de la zona y sus comunidades locales.