El tiempo que transcurre desde la solicitud de ayuda por dependencia hasta su resolución es notablemente desigual en España, oscilando entre 66 días en Ceuta hasta unos alarmantes 563 días en Murcia.

Según los últimos datos, actualmente hay 174.406 personas en la lista de espera para recibir atención por dependencia, lo que representa una disminución del 9,8% en comparación con septiembre de 2024. No obstante, el tiempo medio de tramitación ha aumentado ligeramente, pasando de 342 a 349 días en el último trimestre, un fenómeno que el Ministerio de Derechos Sociales atribuye a un "cuello de botella" en el proceso de valoración de grado, responsabilidad de las comunidades autónomas.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que la etapa más crítica, donde se produce el mayor retraso, es desde que se realiza la solicitud hasta que se obtiene la resolución de grado. “Una vez superada esta etapa, el tiempo de espera para recibir la prestación se ha reducido significativamente. El problema radica en la creciente cantidad de solicitudes que están tardando más debido a la valoración”, explicó en una reciente rueda de prensa.

Martínez también subrayó que la responsabilidad de la valoración recae en las comunidades autónomas, que son conscientes del desafío que esto representa. En términos de tiempos de tramitación, Ceuta encabeza las cifras más eficaces (66 días), seguidas de Castilla y León (113 días) y el País Vasco (130 días). Por el contrario, Murcia (563 días), Andalucía (559 días) y Canarias (478 días) presentan los tiempos más prolongados.

Estos hallazgos fueron presentados durante una conferencia en el IMSERSO, en el marco de la tercera edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este panel, establecido por el Ministerio de Derechos Sociales, tiene como objetivo monitorizar la evolución de los indicadores clave en este ámbito, revelando una cifra récord de beneficiarios que ya están recibiendo la asistencia correspondiente.

En concreto, se reportan cerca de 2,5 millones de solicitudes (2.272.565), un aumento del 6,5% en comparación con el año pasado, y un incremento del 23% en relación con hace cinco años. Este fenómeno se atribuye primordialmente a la creciente presión demográfica en nuestro país.

El análisis del panel también indica que en los últimos seis meses, el número de personas que efectivamente reciben prestaciones ha crecido en 68.520, alcanzando un total de 1.575.682 en septiembre, lo que se traduce en un incremento del 8,5% en comparación con el año anterior. Según el Ministerio, esta es una cifra récord que destaca el progreso del sistema.

El informe revela que el total de prestaciones reconocidas asciende a 2.274.461, lo que representa un crecimiento del 11,2% respecto al mismo mes del año anterior. Según Martínez, esto evidencia una "tendencia sostenida de expansión del SAAD", que continúa surtiendo efectos positivos y diversificando sus apoyos.

A pesar de las mejoras, el panel muestra que 174.406 personas se encuentran aún en la lista de espera, lo que equivale a una reducción del 9,8% en comparación con el año pasado. De estas, 99.751 tienen resolución de grado y están esperando la prestación, mientras que 68.246 están pendientes de resolución y 13.205 son beneficiarios con prestación no efectiva.

En cuanto al perfil de los solicitantes, la mayoría son mujeres de 80 años o más, que representan el 62% del total. De los 2.272.565 solicitantes, 1.408.385 son mujeres y 864.180 son hombres. El 52,3% de los solicitantes supera los 80 años, sumando 1.189.128 personas.

Esta realidad, subrayada por la secretaria de Estado, evidencia que "la dependencia tiene un marcado rostro femenino", con un 72,3% de las cuidadoras no profesionales siendo mujeres, muchas de ellas cuidando a sus progenitores. Esta tendencia se extiende al ámbito profesional donde más del 80% de los trabajadores son mujeres.

Ante este escenario, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado la creación de una comisión interministerial destinada a fortalecer el sistema de atención a la dependencia, con el fin de anticipar las futuras necesidades de empleo y formación en el sector de los cuidados. Se estima que para 2030 España necesitará alrededor de 260.000 trabajadores adicionales en este ámbito, lo que representa un reto significativo para nuestra sociedad.