La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado su preocupación por la percepción que se tiene de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a la que ha calificado de "desdibujada". Díaz confía en que la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales obtenga el trámite de urgencia y se discuta en el Congreso la próxima semana.

En una declaración durante los 'Desayunos Informativos de Europa Press', la vicepresidenta segunda del Gobierno ha sostenido la legalidad de esta reducción de la jornada laboral, reafirmándose en su postura tras las críticas que ha recibido de parte de la patronal. Díaz ha hecho hincapié en una resolución del Tribunal Constitucional de 1990, que ya había abordado una impugnación de la CEOE contra la jornada laboral de 40 horas que se implementó en 1983.

"La cuestión de la inconstitucionalidad sobre la reducción de la jornada fue ya resuelta por el Tribunal Constitucional. En 1990, la CEOE argumentó que dicha reducción atacaba las bases de la ley, especialmente en lo que se refiere al artículo 37 de la negociación colectiva, envolviendo esto en una abierta confrontación con el Gobierno de la época. No solo se descartó esta inconstitucionalidad, sino que se apuntó hacia la necesidad de fortalecer la negociación autónoma entre sindicatos y empresarios", destacó Díaz.

La vicepresidenta enfatizó que la iniciativa de su Gobierno para disminuir la jornada laboral a 37,5 horas semanales representa "un proyecto de país" que cuenta con una amplia aceptación ciudadana, aunque también enfrenta significativos opositores, entre los que se encuentra la CEOE así como algunas formaciones políticas. "Sostener que las acciones del Gobierno son inconstitucionales es comparable a afirmar que no es constitucional aumentar el salario mínimo o regular las relaciones laborales mediante leyes", subrayó.

Díaz critico que la CEOE, al adoptar una nueva estrategia, está cumpliendo un "papel impropio" que no refleja los intereses legítimos de los empresarios, sino que se ha alineado con "una estrategia política" que, según sus palabras, perjudica incluso a la propia patronal.

"Es un error que en pleno siglo XXI se haga un llamado a que las empresas no contribuyan a las cotizaciones sociales, cuando desde Beveridge hemos entendido que este es un pilar fundamental en la construcción del Estado del bienestar. Además, resulta inapropiado calificar al Gobierno de España como una república bananera por buscar reducir desigualdades. La reciente oposición a la subida del salario mínimo interprofesional es otra muestra de esta desconexión que existe hoy en día", agregó la ministra.

En su discurso, Díaz no solo mencionó la resistencia de la patronal, sino que también hizo hincapié en que hay partidos políticos que se encuentran alineados con esta oposición. "El Partido Popular, en lugar de centrarse en mejorar la vida de los ciudadanos, parece más interesado en disputar con Vox. Lo vimos la semana pasada cuando decidieron derogar medidas que impactan directamente en la calidad de vida de los españoles", aseveró Díaz al referirse a la reciente derogación del decreto 'ómnibus'.

Asimismo, criticó al Partido Popular por sus acciones, afirmando que estas no solo dañan al Gobierno, sino que afectan directamente a millones de españoles. "Al actuar de esta manera, están perjudicando a 11 millones y medio de pensionistas y a aquellos que dependen de las ayudas sociales que proporciona el transporte público", denunció.

Finalmente, Yolanda Díaz reveló que esta tarde se llevará a cabo una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, donde se abordará la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos. "Confío en que los resultados de esta Comisión sean positivos para el país y que la próxima semana se logre el trámite de urgencia para que esta iniciativa se presente en el Congreso de los Diputados", concluyó.

Díaz reiteró que este cambio es crucial no solo para revitalizar al Gobierno, sino también para llevar a cabo transformaciones reales en la vida de los ciudadanos, enfatizando que gobernar va más allá de ocupar un cargo, y que implica luchar por los derechos de la población.