En el contexto del Congreso de los Diputados en Madrid, el partido Sumar ha alzado la voz en defensa de las trabajadoras del 016, el servicio de atención a víctimas de violencia de género, denunciando actos de "amenazas y agresiones verbales" preocupantes que han recibido, tales como "ojalá os quemen vivas".

Las representantes de Sumar, Júlia Boada, Esther Gil de Reboleño y Engracia Rivera, han presentado un conjunto de preguntas en la Cámara Baja para indagar sobre las medidas de seguridad disponibles para las operadoras del 016. Esta acción se deriva de un artículo publicado por eldiario.es el pasado 9 de enero, donde se revelan algunos de los inquietantes relatos de las empleadas del servicio.

Las diputadas han destacado que las trabajadoras del 016, que están bajo la supervisión del Ministerio de Igualdad, han estado expuestas de forma continuada a amenazas y agresiones verbales de una gravedad excepcional, incluyendo frases como "os vamos a matar" y otros insultos alusivos al machismo.

Además, han señalado que estos ataques ocurren casi a diario, lo que representa "un riesgo real para la integridad física y emocional de las trabajadoras" que desempeñan una labor fundamental en el apoyo a las víctimas.

El servicio de atención es proporcionado actualmente por una empresa externa, adjudicada mediante concurso público que se realiza cada cuatro años por el Ministerio de Igualdad. Un cambio significativo en el nuevo contrato, que se adjudicó el 13 de noviembre de 2025, es la divulgación de la ubicación de la sede de atención, que será de acceso público a partir del 5 de marzo, obligando a las trabajadoras a mudarse a un edificio en Madrid.

A pesar de que el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, ha indicado que estas amenazas representan solo un 0,14% del total de llamadas, las diputadas de Sumar argumentan que la gravedad de estas amenazas y el riesgo que conllevan requieren una respuesta institucional que sea clara y efectiva. Esta respuesta debería incluir medidas de protección, como un refuerzo en la atención psicológica y mejoras en los protocolos de seguridad.

Las diputadas también han solicitado a Igualdad detalles sobre las "medidas concretas" que se pondrán en marcha para garantizar la seguridad tanto física como psicológica de las trabajadoras del servicio 016, quienes enfrentan constantemente amenazas en el desempeño de su labor.

Asimismo, han planteado la posibilidad de implementar un sistema que permita la denuncia automática y el seguimiento legal de quienes llaman para acosar o amenazar a las trabajadoras, con el fin de asegurar que se lleve a cabo una acción penal efectiva y se elimine la impunidad.

Por último, han requerido información sobre si el Ministerio tiene previsto modificar el contrato para salvaguardar la confidencialidad y seguridad de las sedes del servicio, así como si se ofrecerá atención psicológica a las trabajadoras afectadas. También han preguntado si existen protocolos para la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir y responder de manera apropiada ante situaciones de acoso o agresión.