SEVILLA, 16 de octubre.

En un giro alarmante de los eventos, Jesús Maeztu, actual Defensor del Pueblo Andaluz, ha decidido abrir una investigación oficial tras las recientes revelaciones sobre serias irregularidades en el programa de detección temprana del cáncer de mama en la región. Esta institución ha manifestado su profunda inquietud por los descubrimientos y se ha comprometido a ahondar en las causas, efectos sanitarios y los daños que han podido sufrir miles de mujeres involucradas en este crucial programa de salud.

Maeztu enfatiza que esta es la primera ocasión en tres décadas que se debe llevar a cabo una investigación general, no limitada a casos individuales, tras haberse documentado un total de cinco incidentes en años previos. Considera la gravedad de la situación justifica plenamente la acción al observar el alarmante impacto social, las deficiencias reconocidas oficialmente, y la urgente necesidad de ofrecer reparaciones a las afectadas.

El Defensor del Pueblo ha detallado que la decisión de apertura de investigación fue impulsada principalmente por los testimonios de mujeres perjudicadas y por los pronunciamientos públicos de la asociación Amama. Además, responsables de la Consejería de Salud han confirmado que más de 2.000 mujeres aguantan una incertidumbre sobre sus diagnósticos debido a la falta de comunicación de los resultados de sus mamografías de cribado.

Al hablar con los medios, Maeztu expresó su determinación de restablecer los derechos que han sido comprometidos y de ofrecer respuesta a los graves daños sufridos. Admitió que no abrir la investigación hubiera sido una manera de ignorar el sufrimiento de estas mujeres. Consciente de la magnitud del tema, ha catalogado esta situación como la más importante que su oficina ha tenido que abordar en su trayectoria.

Desbordando compromisos, Maeztu ha enfatizado la crucial tarea de restaurar la confianza en el programa de cribado de cáncer de mama. La investigación comenzará con una solicitud urgente de información al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Sanidad con el objetivo de arrojar claridad sobre las fallas detectadas, las cuales, como él mismo expresó, han salido a la luz "gracias a Dios".

Desde su puesta en marcha en 1995, el programa de cribado ha realizado anualmente alrededor de 450.000 mamografías a mujeres entre 49 y 71 años de edad. La intención principal de este programa es localizar lesiones en etapas tempranas, lo que mejoraría notablemente el pronóstico y podría reducir la mortalidad. Sin embargo, la situación actual pone en entredicho la esencia misma del programa, que debería garantizar la detección temprana y ofrecer la información necesaria de forma oportuna.

Resulta alarmante, según la institución, que tantas mujeres con diagnósticos de lesiones catalogadas como "dudosas" no hayan sido informadas o convocadas para un seguimiento. Este desliz puede comprometer severamente el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa ya establecida sobre la información clínica.

El Defensor también ha insistido en que las pacientes tienen garantizado, bajo la Constitución y la normativa andaluza, el derecho a ser informadas sobre sus diagnósticos. La falta de comunicación no solo infringe estos derechos, sino que podría resultar en la pérdida de oportunidades de asistencia médica, generando problemas que se podrían haber evitado.

Por lo tanto, ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS que proporcionen una serie de datos sobre la gestión de la atención a mujeres con resultados dudosos y no concluyentes. Este requerimiento dividirá la información en bloques, empezando por la clarificación de las razones detrás de la falta de comunicación de ciertos resultados en el programa de detección precoz.

El Defensor desea comprender si esta situación se deriva de algún protocolo específico, instrucciones internas o criterios distintos. También se interesa en saber si esta falta de comunicación afecta a todo el sistema de salud público o solo a determinados centros, y el número exacto de mujeres afectadas.

El segundo bloque de preguntas se centrará en la atención a las mujeres que recibieron resultados inciertos, solicitando detallar cuánto tiempo se tardó en resolver los casos y los recursos disponibles en los hospitales públicos para gestionar esas situaciones ligadas a las mamografías.

Finalmente, se hará una evaluación del Programa de Detección Precoz, para saber si existen vías establecidas para revisar su funcionamiento y si se han implementado mejoras en los últimos tiempos. Maeztu asegura que procederá con estricto apego a su independencia y objetividad, buscando proporcionar un análisis claro que lleve a decisiones justas, priorizando siempre la protección de los derechos de las mujeres afectadas y evitando que situaciones similares vuelvan a ocurrir.