En Madrid, el 3 de noviembre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz contra la decisión de las comunidades autónomas de reducir drásticamente su personal de bomberos. Según el sindicato, han despedido a aproximadamente 4.000 profesionales, lo que pone en evidencia un desmantelamiento del operativo de incendios forestales en un momento en que el país ya sufrió un grave desastre ecológico, con más de 350.000 hectáreas arrasadas por las llamas este verano, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

CSIF ha instado a un cambio radical en la gestión de los incendios en España, abogando por un enfoque que priorice la prevención en lugar de la mera extinción de incendios. El sindicato propone la creación de un pacto a nivel estatal que garantice operativos de bomberos al 100% durante todo el año, como subrayó Agustín Argulo, responsable nacional de bomberos forestales del sindicato, durante una reciente rueda de prensa.

Entre las regiones más afectadas por los despidos menciona a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid. En Galicia, por ejemplo, se anticipa la salida de cerca de mil bomberos forestales a partir del 17 de noviembre, una cifra alarmante que refleja la gravedad de la situación.

El caso de Castilla y León es particularmente preocupante, donde la Junta ha prescindido del 30% de su plantilla de combate al fuego, al tiempo que promueve planes para mejorar la profesionalización del servicio. CSIF ha advertido que muchos contratos de ayudantes de oficio forestal terminaron el pasado 20 de septiembre y que solo una pequeña parte de los bomberos forestales de la empresa pública Geacam en Castilla-La Mancha tienen empleo durante todo el año.

Asimismo, el sindicato ha señalado un déficit de aproximadamente 220 bomberos en Andalucía y ha denunciado que en Cantabria, pese a contar con un operativo totalmente público, los profesionales se enfrentan a la falta de Protección Individual (EPI) suficiente.

Argulo también destacó que la falta de un censo claro de bomberos forestales en toda España representa un incumplimiento legal. En su discurso, él enfatizó que la habitual eliminación de personal al final de la temporada de incendios conlleva a una falta de profesionalización en el sector.

El representante del CSIF hizo hincapié en que las administraciones a menudo no logran cubrir las necesidades mínimas debido a su falta de previsión en la contratación durante el año. Además, recordó que aún hay "mandatos" sin cumplir dentro de las Leyes Básicas de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales, vigentes desde hace un año.

El panorama no parece prometedor, y Argulo espera que el Gobierno avance en la implementación de esos mandatos legislativos. Mencionó la urgencia de un Real Decreto sobre enfermedades profesionales de los bomberos, que aún se encuentra en desarrollo sin entrar en vigor, y la necesidad de regular los tiempos de trabajo, ya que algunos trabajadores pueden llegar a tener jornadas de hasta 21 horas por falta de recursos.

Cabe señalar que CSIF ha presentado objeciones al Pacto de Estado Contra la Emergencia Climática, señalando que no se han realizado progresos desde entonces. Al ser cuestionado sobre posibles reuniones con el Gobierno o partidos políticos, Argulo dejó claro que el sindicato se mantiene en la lucha por un pacto que establezca mínimos operativos para los bomberos forestales.

Además, las protestas en Castilla y León por el decreto ley de la Junta continuarán hasta que se reconozcan los derechos de los bomberos forestales, a quienes acusan de intentar engañar a la población sobre supuestas mejoras en el operativo.

Por su parte, Marcelino Arribas, delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, destacó la falta de cobertura de las plazas vacantes de agentes medioambientales, además de criticar la disminución de recursos para guardias de incendios y brigadas de investigación de incendios forestales, lamentando que en Castilla y León solo hay dos guardias disponibles, las cuales se eliminan en otoño.

A nivel autonómico, se ha solicitado que las administraciones realicen un estudio sobre cuántos agentes se beneficiarán de los coeficientes reducidos para la jubilación, lo que les permitirá prever futuras necesidades de personal. A nivel estatal, se demanda al Gobierno que apruebe directrices para gestionar los riesgos laborales en el sector y modifique la normativa para que los vehículos de agentes cuenten con prioridad en circulación.

La preocupación entre los bomberos forestales es palpable, según Alfonso Ferrero, responsable de CSIF en Seguridad y Emergencias ASEM-112 y bombero en la Comunidad de Madrid, quien reveló que él mismo ha sido víctima de despidos. Ferrero subrayó que, a pesar del alto riesgo de incendios en la región, solo se gestiona el 1.8% de la superficie durante el invierno.

Con 17 años de experiencia, sufre lo que él llama “precariedad invernal”, ya que los contratos finalizan al concluir la temporada de alto riesgo. Lamentó que muchos de sus amigos se hayan visto obligados a abandonar la profesión en busca de mejores condiciones en otras comunidades, como la Valenciana o Andaluz.

Finalmente, se ha confirmado que los bomberos de la Comunidad de Madrid continuarán con una huelga indefinida hasta alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales que exigen, a pesar de haber iniciado una fase de negociación con la Consejería.