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Política 25 de Septiembre de 2026 · 09:57h 2 min de lectura

Críticas policiales por el reparto de medallas en 2026 y su impacto institucional

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha denunciado una "humillación institucional" tras el reparto de medallas en 2026, señalando que los mandos policiales reciben una proporción mínima de reconocimientos oficiales. Solo el 0,8% de las medallas blancas han sido otorgadas a la Escala Superior, que además no recibe cruces de plata ni rojas.

Este rechazo se produce en un contexto donde el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha sido criticado por favorecer una distribución que, según denuncian los sindicatos, minimiza el reconocimiento a los mandos responsables de operaciones complejas como grandes investigaciones, operativos internacionales y lucha antidrogas.

La polémica refleja un desacuerdo con el actual sistema de condecoraciones, que muchos consideran anticuado y poco transparente. La reclamación principal pasa por reformar la ley de 1964 para establecer criterios más objetivos y justos en la distribución de reconocimientos.

Mientras tanto, algunos sindicatos se han mostrado satisfechos por la decisión del Ministerio de no repartir medallas de plata a mandos jubilados en 2026, una medida que responde a recientes fallos judiciales que cuestionaban el reparto de estas condecoraciones y su vinculación con incrementos salariales.

Desde un punto de vista político, estas discrepancias evidencian las tensiones internas en el Ministerio del Interior respecto a cómo reconocer y valorar el trabajo policial, especialmente en un contexto de creciente presión por la gestión de macrooperativos y emergencias internacionales. La polémica también refleja un debate más amplio sobre la meritocracia y la justicia en el reconocimiento institucional.

El futuro de estas cuestiones depende de posibles reformas legislativas y de la voluntad del gobierno de equilibrar el reconocimiento a los mandos con los requerimientos de transparencia y justicia administrativa. La controversia podría reabrir debates sobre la valoración del trabajo policial en los próximos años.

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