El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha llevado a cabo una acción significativa contra la empresa Alquiler Seguro, proponiendo una multa que asciende a 3,6 millones de euros. Esta decisión se deriva de un expediente sancionador abierto en marzo bajo la dirección de Pablo Bustinduy, actual ministro del área.

El anuncio de esta elevada multa fue hecho público este lunes por Facua, una destacada asociación de consumidores, que se hizo eco de la propuesta del ministerio. En sus declaraciones, se especifica la exacta cuantía de 3.600.902 euros como el importe de la sanción recomendada.

El ministro Bustinduy ha comentado que esta propuesta es parte de un proceso en marcha y ha enfatizado la importancia de las garantías jurídicas, afirmando que no puede pronunciarse sobre el asunto mientras este esté bajo revisión. En una entrevista reciente, el ministro señaló que las fases actuales de investigación impiden formar opiniones sobre el expediente.

Este caso se inició cuando el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" debido a sospechas de posibles abusos en la gestión de alquileres. Aunque el nombre de la empresa fue ocultado inicialmente, Facua posteriormente confirmó que Alquiler Seguro era la compañía en cuestión, acusada de imponer honorarios a los inquilinos en contravención de la legislación vigente.

La propuesta de sanción ahora se encuentra en manos de Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, quien debe evaluar el caso. Se anticipa que este proceso de análisis y revisión tomará varios meses, durante los cuales se considerarán las alegaciones presentadas por las partes implicadas.

La comunicación de la propuesta de sanción a Facua está en conformidad con la legislación vigente, dado que la asociación está registrada como parte en el procedimiento. En la resolución se expone una serie de irregularidades encontradas en los contratos de Alquiler Seguro, desestimando a su vez las alegaciones de la empresa contra la primera propuesta de sanción emitida anteriormente.

El ministro ha indicado que el objetivo de hacer público el expediente es debido a la implicación de varias partes en el procedimiento, recordando que las denuncias que llevaron a esta acción provienen de organizaciones de consumidores que buscan proteger los derechos de los arrendatarios.

Entre las infracciones identificadas, el Ministerio ha señalado la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, que encubriría la obligación de gastos que deberían asumir los propietarios, así como la exigencia de un seguro del hogar. Además, se critican cláusulas que limitan el derecho de desistimiento del contrato y cargan a los inquilinos los gastos de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

El ministerio ha hecho un llamado a la reflexión sobre la situación crítica del mercado de la vivienda, donde, según Bustinduy, se ha instaurado una “ley de la selva” que deja a los inquilinos en una posición de vulnerabilidad.

En el desglose de las sanciones, el Ministerio ha propuesto una multa de un millón de euros por el cobro de servicios que, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, deberían ser cubiertos por el arrendador. Entre estos servicios se encuentra el llamado Servicio de Atención al Inquilino, que obliga a los arrendatarios a pagar una mensualidad, lo que infringe la normativa vigente.

El contrato estipulaba que este servicio se ofrecería durante toda la vigencia del arrendamiento, generando críticas sobre la falta de proporcionalidad y la unilateralidad de los beneficios en favor del propietario.

Otra parte sustancial de la multa, que asciende a 990.900 euros, se debe a la exigencia de que los inquilinos contraten un seguro de hogar, algo que, según el ministerio, beneficia principalmente al arrendador y traslada costes injustos al arrendatario.

Además, el contrato de Alquiler Seguro incluía cláusulas que obligaban a los inquilinos a asumir ciertos gastos y a autorizar su inclusión en bases de datos de morosos en caso de impago. El expediente también señala una posible infracción por la limitación del derecho de desistimiento respecto al servicio de atención al inquilino, indicando que muchas de las prestaciones ofrecidas podrían no cumplir con su ejecución.