El Ministerio de Asuntos Exteriores de España sigue sin ofrecer detalles sobre la situación actual de los ciudadanos españoles involucrados en la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por Israel. A pesar de las gestiones realizadas, no se ha precisado si el Gobierno israelí está obstaculizando el acceso consular.

Este viernes, el cónsul español en Tel Aviv logró finalmente visitar a algunos de los retenidos desde el miércoles por la tarde. Sin embargo, el número exacto de ciudadanos españoles afectados sigue sin ser claro, y el Ministerio no ha facilitado cifras concretas.

Fuentes oficiales han afirmado que el cónsul tuvo acceso a las instalaciones donde están detenidos los miembros de la flotilla y ha podido contactar con varios españoles. Aseguraron que continuará su labor hasta que todos los ciudadanos estén liberados y regresen a España, pero no han ofrecido información sobre las condiciones de detención ni la posible presentación de cargos.

Prácticamente dos días después de que el ejército israelí detuviera a la flotilla de 40 barcos en aguas internacionales, persiste la incertidumbre sobre cuántos españoles se encuentran actualmente bajo custodia. El ministro Albares había mencionado previamente que se tenía noticia de la existencia de 65 españoles, aunque otros informes sugieren que la cifra podría ser menor, cerca de 50.

Entre los detenidos se encuentran figuras políticas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y varios diputados de distintos partidos, lo que ha intensificado el interés mediático y público sobre el asunto.

Para abordar esta situación, el Ministerio ha establecido una unidad de seguimiento permanente y ha activado el trabajo de los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. Desde la mañana del jueves, las autoridades han estado movilizándose para proporcionar asistencia consular a los detenidos, aunque el contacto efectivo no se realizó hasta el viernes.

A pesar de las gestiones del cónsul, no se ha esclarecido si las autoridades israelíes han puesto alguna limitación en el acceso a los detenidos, una medida que contraviene lo estipulado por la Convención de Viena, especialmente ante la expulsión reciente de parlamentarios italianos que también participaban en la flotilla.

El Gobierno español se ha mantenido en un tono cauteloso, proporcionando información de manera limitada y priorizando la pronta liberación de los ciudadanos. Tanto el ministro Albares como el presidente Pedro Sánchez han reiterado que los detenidos son "ciudadanos pacíficos" y no representan una amenaza para Israel.

Aparte de exigir el respeto por los derechos y la integridad física de los detenidos, el Gobierno ha abordado el tema con precaución, evitando confrontar directamente a Israel por su actuación y reservándose una posible respuesta para más adelante.