Un nuevo giro en las investigaciones sobre la presunta trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos ha llevado al empresario Víctor de Aldama y a la empresaria Carmen Pano a un enfrentamiento tenso, donde se han intercambiado serias acusaciones. Pano sostiene que De Aldama le reprochó haberse quedado con una suma de 10.000 euros de un total que estaba destinado a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La situación ha sido revelada a través de las declaraciones de Pano al juez Santiago Pedraz, quien dirige la investigación. Según sus palabras, fue el mismo De Aldama quien la utilizó para llevar grandes cantidades de dinero, y este último episodio marcó un punto de quiebre en su relación. La empresaria dejó claro en su declaración: "Es la última vez que a mí me utiliza".

Según Pano, el conflicto se intensificó después de que De Aldama insinuara que le había sustraído 10.000 euros. La empresaria, que había estado colaborando en la entrega de dinero, decidió poner fin a este compromiso tras esa acusación. Recordó que su primera entrega a la sede socialista ocurrió en octubre de 2020, cuando llevó 90.000 euros en dos entregas diferentes.

En su relato, Pano explicó que recibió instrucciones de entregar 45.000 euros en la oficina de De Aldama, quien se encontraba solo y le pidió que llevara el dinero a Ferraz. A pesar de sus reservas, accedió a la petición. Detalló que en la primera ocasión utilizó un taxi y en la siguiente ocasión condujo un coche que también la había transportado al Ministerio de Industria, enfatizando que el dinero tenía la justificación de ser un "anticipo de restaurantes". Sin embargo, cuando la Fiscalía le cuestionó, Pano fue firme al afirmar que esos fondos no estaban relacionados con el fraude investigado.

Este testimonio se sitúa en el contexto de una causa más amplia donde Pano fue detenida el 16 de diciembre de 2024. Actualmente se investiga un fraude que asciende a más de 231 millones de euros, relacionado con su rol como apoderada de la empresa Combustibles Lucinala SL. Además, Pano ha corroborado que hizo las entregas en la sede de Ferraz ante el magistrado del Tribunal Supremo que persigue al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por presuntos cobros ilegales asociados a contratos públicos.