MADRID, 3 de noviembre.

En una reciente reunión, la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento israelí ha expresado su apoyo a la propuesta de establecer la pena de muerte para delincuentes condenados por actos de terrorismo. Esta decisión ha sido respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, según lo informado por Gal Hirsch, coordinador de asuntos relativos a rehenes.

La propuesta ha pasado una primera lectura en la comisión, lo que significa que podría ser discutida en el pleno de la Knesset este miércoles. La legislación permitiría a los tribunales imponer la pena capital a aquellos que asesinen a israelíes motivados por razones nacionalistas, pero no abarcaría a israelíes condenados por matar palestinos.

Zvika Fogel, un miembro de la Knesset, ha defendido esta medida como una estrategia necesaria en la lucha contra el terrorismo y una forma de presionar para la liberación de rehenes. Esta propuesta se da en un contexto en el que aún hay preocupación por los ciudadanos israelíes capturados en el reciente conflicto.

Hirsch ha mencionado que Netanyahu cambió su postura inicial de oposición a la pena de muerte, principalmente debido a su preocupación por el bienestar de los rehenes que habían sobrevivido en manos de Hamás tras los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, han sido liberados y esto parece haber influido en su decisión de apoyar la legislación.

En el mismo sentido, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y figura destacada de la ultraderecha israelí, ha elogiado a Netanyahu por su apoyo a esta iniciativa, y enfatizó que no debería haber lugar para la discreción judicial en estos casos, subrayando que cualquier terrorista que atente contra ciudadanos israelíes deberá enfrentar la pena de muerte.

En respuesta a la propuesta, Hamás ha condenado la votación, describiéndola como un acto que revela el lado más sombrío de la ocupación y una violación de las leyes internacionales, en especial del Derecho Internacional Humanitario. La organización ha solicitado la intervención internacional para detener esta medida, pidiendo a las Naciones Unidas que investiguen las condiciones de los prisioneros palestinos.

Hamás ha exigido la liberación inmediata de los prisioneros palestinos en Israel, enfatizando la necesidad de que organismos internacionales examinen las denuncias de abusos y violaciones en las prisiones israelíes. Recientemente, la difusión de un vídeo inquietante sobre el abuso de un prisionero palestino ha intensificado estas demandas.

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha caracterizado esta votación como una violación de los derechos humanos y una manifiesta amenaza no solo para los palestinos, sino para la paz en la región. En este sentido, apuntan a que la decisión del gobierno israelí podría desencadenar una nueva escalada de violencia.

Cabe destacar que este acontecimiento se produce poco después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, impusiera restricciones al Comité Internacional de la Cruz Roja, prohibiendo sus visitas a prisioneros catalogados como "combatientes ilegales".

Katz argumentó que estas visitas podrían poner en riesgo la seguridad nacional, reafirmando que la protección del estado y de sus ciudadanos es la prioridad. Sin embargo, el CICR ha insistido en que su intención es humanitaria, buscando garantizar que los tratados de derechos humanos se cumplan en los centros de detención.