En una reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, se ha negado la solicitud de la defensa del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien enfrenta una condena de doce años de arresto domiciliario. Esta condena se origina por su implicación en sobornos dirigidos a testigos y fraude procesal durante su tiempo en la política.

El magistrado Leonel Rogeles, encargado de la Sala Penal, determinó que la solicitud del abogado de Uribe, Jaime Enrique Granados, no cumplía con los requisitos necesarios para justificar una medida de suspensión de la pena y libertad inmediata, resaltando que la petición carecía de urgencia y necesidad. Además, dejó claro que su resolución no es susceptible de apelación.

Rogeles sostuvo que el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda era correcto y preciso, sin haber encontrado irregularidades en el juicio que llevó a la condena de Uribe. El exmandatario fue sentenciado a un arresto domiciliario de doce años, más de ocho años de inhabilitación y una multa significativa que ronda los 3.444 millones de pesos, equivalente a 720.700 euros.

La defensa había solicitado la libertad inmediata de Uribe hasta que se resuelva el recurso presentado contra la sentencia, argumentando que el fallo representaba una violación seria de sus derechos fundamentales, incluyendo la dignidad humana y la presunción de inocencia.

El caso de Uribe se ha desarrollado a lo largo de varios años, comenzando en 2012, cuando él mismo acusó al senador Iván Cepeda de intentar desacreditarlo mediante testimonios falsos sobre su presunta relación con el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, las pesquisas revelaron que los intentos de Uribe para deslegitimar a Cepeda llevaron a que, finalmente, este último pasara de ser acusado a convertirse en la víctima, mientras que Uribe quedó en el centro de la investigación.