MADRID, 25 de diciembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha proclamado oficialmente a Nasry Asfura, representante del Partido Nacional, como el vencedor de las elecciones presidenciales realizadas el 30 de noviembre en un entorno marcado por acusaciones de fraude por parte de otros candidatos. Esta decisión se produce en medio de tensiones políticas que han hecho eco en el panorama nacional.

En un comunicado emitido por el CNE, se establece que, "por la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada en las urnas", Nasry Juan Asfura Zablah ha sido elegido presidente constitucional del país, un mandato que comenzará el 27 de enero de 2026 y culminará el 27 de enero de 2030.

Asfura, quien cuenta con el respaldo del ex presidente Donald Trump, obtuvo un total de 1.479.748 votos válidos, revelando un escrutinio que abarca el 97,86% de las boletas. Estos números son el resultado de un proceso electoral que ha despertado polémica y se halla bajo el escrutinio de la opinión pública.

El CNE ha informado que, de las 19.167 actas escrutadas, 18.820 han sido publicadas de manera correcta, mientras que 333 presentan inconsistencias, lo cual representa un 1,73% del total. La diferencia entre Asfura y su competidor más cercano es de 0,74%, lo que mantiene la tensión entre los partidarios de los diferentes candidatos.

No obstante, el CNE ha dejado claro que los procedimientos de impugnación no deben obstaculizar la proclamación de los resultados, ni deben servir de justificación para un nuevo escrutinio que, de acuerdo con ellos, carece de viabilidad para cambiar el resultado de las elecciones.

Los datos oficiales sitúan a Asfura a la cabeza con un 40,27% de los sufragios, seguido por Nasralla con un 39,53% y Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE, que se queda con un 19,19%. Este resultado resalta las divisiones políticas que marcan al país.

El documento oficial que valida la elección ha sido firmado por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y tres consejeros. Hall enfatizó en sus redes sociales que la misión del CNE es certificar la voluntad del pueblo, sin influencias externas ni preferencias partidarias.

Sin embargo, Marlon Ochoa, consejero del CNE por parte del partido LIBRE, ha expresado su desacuerdo, acusando a Hall y a otros miembros del consejo de actuar bajo la presión de intereses externos, sugiriendo que se ha precipitado la declaración de resultados sin haber finalizado el conteo de votos y resolver las reclamaciones de irregularidades.

Ochoa ha manifestado su comprensión hacia las intenciones de Estados Unidos y otras élites que buscan influir en el resultado electoral, afirmando que su objetivo es establecer un presidente que sirva a sus intereses, independientemente de las circunstancias que rodeen la elección.

Ante este escenario, Asfura ha utilizado su cuenta en X para agradecer el esfuerzo del equipo electoral y ha declarado que se siente preparado para asumir el cargo.

En contraposición, Nasralla ha calificado la declaración de la presidencia como ilegal, y ha manifestado su rechazo público a los resultados, señalando irregularidades en el proceso de conteo y sugiriendo la existencia de un "algoritmo" que favoreció al Partido Nacional.

La proclamación de Asfura llega 24 días después de las elecciones y en medio de múltiples interrupciones en el conteo de votos, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación política del país.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su reconocimiento por los resultados del CNE y su intención de seguir monitoreando la situación en Honduras. El secretario general, Albert Ramdin, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades para asegurar que se realice una transferencia de poder ordenada y legal, en beneficio del pueblo hondureño.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA, que sigue presente en el país, ha declarado que no encontró evidencias concluyentes de fraude y que los resultados son expresión de la voluntad popular, aunque ha advertido sobre el clima polarizado que ha dificultado la labor de las autoridades electorales.

Esta misión también ha señalado que, a pesar de las demoras y los problemas tecnológicos que afectaron el proceso, la integridad de la elección no se ha visto comprometida, aunque ha lamentado la propagación de desinformación que ha generado incertidumbre entre la población. Además, la OEA ha instado a todas las partes a canalizar los desacuerdos por la vía jurídica adecuada, cerrando así la puerta a inestabilidades innecesarias en el país.