En el contexto social actual de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamado apremiante a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, instando a la pronta aprobación de una orden ministerial crucial. Esta orden permitiría ampliar los criterios para el acceso a la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, medida que muchos consideran esencial para garantizar una mayor justicia social.

Dicha normativa, que busca regular de manera más efectiva la anticipación de la jubilación para estos trabajadores, fue inicialmente modificada a través de un Real Decreto emitido el 16 de mayo de 2023. Sin embargo, está por verse cómo se implementará esta regulación y si realmente hará una diferencia en la vida de los afectados.

El CERMI ha manifestado su preocupación acerca de los retrasos que enfrenta este desarrollo reglamentario, señalando que la lentitud administrativa ha obstaculizado la posibilidad de que numerosos trabajadores con discapacidad accedan a este beneficio. Esta situación ha provocado frustración dentro de este colectivo, que espera una resolución ágil y efectiva a su situación laboral.

Ante esta problemática, el CERMI no ha dudado en llevar su queja a instancias superiores, denunciando la dilación del proceso ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ambos organismos han tomado la situación en serio, abriendo expedientes de investigación con el objetivo de presionar a la Seguridad Social para que acelere la tramitación de esta normativa tan esperada.