En Madrid, el 15 de noviembre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso un exhaustivo informe que busca abordar la pobreza y la exclusión que sufren los niños con discapacidad, un fenómeno que afecta de forma desproporcionada a este grupo vulnerable.

Entre las principales propuestas presentadas se encuentra la urgente reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la cual debería considerar el impacto económico adicional que enfrentan las familias con discapacidad. También se solicita la actualización de las prestaciones ortoprotésicas y la mejora de los servicios de atención temprana y desarrollo infantil, que son cruciales para el bienestar de estos menores.

Ana Sastre Campo, delegada de Infancia con Discapacidad del CERMI, tuvo la responsabilidad de comunicar estas preocupaciones y requerimientos a los diferentes grupos parlamentarios. Sastre enfatizó que luchar contra la pobreza infantil relacionada con la discapacidad no puede considerarse una mera opción política; es, según ella, un requisito legal y una cuestión de derechos humanos que ningún legislador puede ignorar.

La delegada también hizo hincapié en que el artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, exige una atención prioritaria a las necesidades de la infancia con discapacidad, alineándose con las directrices de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño. “El texto constitucional es inequívoco; exige un compromiso que no debe quedarse en meras intenciones”, advirtió.

Durante su presentación, Sastre proporcionó estadísticas que ilustran el aumento del gasto que experimentan las familias con hijos con discapacidad debido a la falta de recursos, que incluyen desde terapias especializadas hasta adaptaciones necesarias en el entorno, además de productos de apoyo y materiales educativos que son cruciales.

Según los datos presentados, las familias enfrentan un sobrecoste que puede elevar sus gastos hasta un 40%, sin que el apoyo gubernamental sea suficiente para mitigar esta carga. Esta situación, combinada con ingresos limitados y un sistema de protección social inadecuado, coloca a cerca del 30% de los niños con discapacidad en un riesgo real de pobreza, es decir, uno de cada tres se encuentra en esta preocupante situación.

Sastre propuso un conjunto de medidas que deberían formar parte de un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, que ha encontrado apoyo en amplios sectores de la sociedad. Estas incluyen no solo la reforma del IMV, sino también la garantía de que la atención temprana y el desarrollo infantil sean considerados derechos universales y gratuitos. Además, abogó por que la educación inclusiva se facilite sin coste adicional para las familias.

Para Sastre, “la atención temprana universal y gratuita no deberías verse como un gasto, sino como la inversión más inteligente que podemos hacer para romper el ciclo de pobreza”. Ella subrayó que uno de los desafíos más urgentes es el acceso al sistema de apoyos, donde los retrasos y las valoraciones mínimas en el reconocimiento de la discapacidad suelen privar a muchos menores de los recursos que necesitan. Asimismo, insistió en que sin considerar la discapacidad en el análisis de la pobreza, es imposible entender de forma adecuada la situación de estas familias.

De este modo, el CERMI ha instado a los grupos parlamentarios a comprometerse activamente a corregir las deficiencias en el reconocimiento de la discapacidad en la infancia, acelerar los trámites administrativos y garantizar que todas las políticas públicas incluya variables que reflejen las necesidades reales vinculadas a la discapacidad.

Al finalizar su intervención, la entidad enfatizó que el Pacto de Estado deberá integrar de manera central las necesidades de los niños con discapacidad, asegurando el cumplimiento efectivo del artículo 49. “Les pido que estas propuestas se conviertan en el núcleo del pacto, no en un simple anexo”, concluyó Sastre, haciendo hincapié en que “la dignidad de miles de niños con discapacidad depende de que las palabras se traduzcan en acciones concretas”.