La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado su postura crítica hacia el anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que propone una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, argumentando que esta medida no traerá los beneficios en productividad que sostiene el gobierno. A través de un detallado análisis, la patronal sostiene que la premisa del Ministerio carece de fundamento y que, de hecho, el verdadero aumento de productividad es lo que permite jornadas laborales más breves. A esto se suma una comparación con la media europea, que apunta que si España desea alcanzar niveles similares de productividad, la jornada laboral debería rondar las 41,2 horas semanales.

CEOE ha remitido documentos a Trabajo donde explica que la afirmación de que una menor jornada incrementará la productividad “no tiene sustento empírico”. Según la patronal, los datos sugieren que es el incremento en la eficiencia de trabajo lo que habilita reducciones en las horas laborales. También avisa que en sectores donde la productividad está atada directamente al tiempo de trabajo, imponer una reducción podría llevar a desajustes organizativos y aumento de costos laborales, resultando así en una caída de la productividad general.

Desde el año 2019, CEOE destaca que España ha experimentado una significativa disminución en la productividad por ocupado, en clara contraposición al crecimiento observando en el resto de la Unión Europea. Este fenómeno se agrava al señalar que la productividad de España es notablemente más baja en relación a sus socios europeos. En comparación, aquellos países europeos con jornadas laborales similares a las de España muestran índices de productividad neoliberales más altos.

En opinión de CEOE, para que la productividad española se alinee con la media de otros países europeos, la jornada laboral debería situarse en aproximadamente 41,2 horas semanales. Esto implica que cualquier intento de reducir la jornada laboral, sin que haya incrementos significativos en productividad, solo alejará a España de los estándares europeos.

La organización empresarial critica que el borrador del anteproyecto incluye “afirmaciones gratuitas y sin rigor” y confunde claramente entre la duración máxima de la jornada laboral y la jornada trabajo que se pacta. CEOE señala que, si bien es legítimo que el legislador fije un límite máximo a la jornada legal, esto no debe confundirse con la jornada acordada en convenios colectivos.

La patronal advierte que a medida que la jornada legal máxima se aproxima a la jornada pactada, se limita el espacio para la negociación colectiva, un ámbito esencial que permite la adaptación a las realidades de cada sector. A tal punto llega su crítica que consideran que la propuesta de Trabajo representa una intromisión sin precedentes en la autonomía de los agentes sociales que podrían alterar el modelo constitucional vigente relacionado con la fijación de condiciones laborales a través de la negociación colectiva.

CEOE recalca que la reducción de horas laborales debería adaptarse a las necesidades de cada sector mediante el diálogo entre las partes. Para ilustrar su argumento, la patronal menciona que la negociación colectiva ha permitido que la jornada máxima sea adaptada, llegando a acuerdos que varían entre 37,5 y 39,5 horas semanales, teniendo en cuenta las particularidades productivas de las empresas.

Los datos que presenta CEOE indican que cerca del 24,78% de los convenios para el año 2024 fijan la jornada laboral entre 37,5 y 38,5 horas a la semana, beneficiando aproximadamente al 27,98% de los trabajadores. Asimismo, más de la mitad de los trabajadores disfrutan de jornadas pactadas comprendidas entre 38,5 y 39,5 horas semanales. La flexibilidad en la jornada laboral ha sido, según la CEOE, crucial para asegurar la competitividad de empresas mientras se facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.

Continuando con su crítica, CEOE advierte que la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas ha interrumpido las negociaciones colectivas en curso. La organización empresarial vaticina un aumento en la conflictividad laboral y tensiones en la negociación, especialmente para aquellos que han realizado concesiones en sus convenios laborales en espera de cambios laborales como consecuencia de la reducción de jornada. La patronal insta a que cualquier decisión sobre jornada laboral sea evaluada con sumo cuidado, considerando las realidades económicas y laborales de los distintos sectores.

CEOE también lamenta la ausencia de una memoria económica en el borrador del Ministerio, sosteniendo que el documento ofrece una visión distorsionada del impacto potencial sobre las empresas. Además, califica de "gratuita" la afirmación en el anteproyecto que comunica que la estructura actual de la jornada laboral obstaculiza el derecho al descanso.

Asimismo, la patronal pone de relieve la existencia de una discrepancia significativa entre la cantidad de horas pactadas y las efectivas, que supera las cinco horas, debido a un incremento del absentismo laboral en diferentes sectores. Además, subraya que en otros países de la Unión Europea se están llevando a cabo proyectos piloto para la reducción de la jornada, llevadas a cabo de manera voluntaria y con apoyo estatal, a diferencia de la imposición legislativa que propone el Ministerio.

En su análisis, CEOE menciona que hay países dentro de la UE, como Grecia, que han optado por extender la duración de la jornada laboral. Actualmente, 25 países de la UE mantienen una jornada máxima legal de 40 horas, lo que evidencia una falta de uniformidad en las normativas laborales dentro de la comunidad. La patronal critica la falta de un diálogo social genuino en los procesos, insinuando que las reuniones han estado más guiadas por intereses mediáticos del Ministerio que por un real deseo de transacción.

Finalmente, CEOE argumenta que la acción política actual está desnaturalizando el diálogo social, transformándolo en una simple herramienta de comunicación, utilizada estratégicamente por el Ministerio, que ha llevado a omitir la consulta obligatoria con los actores sociales en numerosas normativas laborales. Para finalizar, la patronal expresa su desconcierto sobre cómo la reducción de jornada pudiera favorecer la paridad de género y la lucha contra el cambio climático, sugiriendo que el Gobierno está ignorando los costes asociados a esta intervencionista propuesta a los contratos públicos.