En una noticia relevante para el sector laboral en España, el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, está llamado a declarar este martes como investigado en un proceso penal que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. Este procedimiento ha sido promovido por la Fiscalía debido a un presunto delito que atenta contra los derechos de los trabajadores, un tema que ha suscitado un considerable debate en el ámbito político y social.

La apertura de este proceso penal es consecuencia de una denuncia formulada por el Ministerio Público, que acusa a la empresa de presuntamente cometer delitos que vulneran los derechos laborales. La denuncia se basa en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que han llevado a la Fiscalía a investigar posibles fraudes en la contratación de los repartidores bajo la figura de "falsos autónomos", una condición que ha generado gran controversia en el sector.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal argumenta que Glovo ha estado menoscabando y supliendo injustamente los derechos de sus trabajadores al tratar de disfrazar la relación laboral bajo una apariencia mercantil. En este contexto, se ha solicitado que Pierre comparezca ante el juez para ser interrogado sobre estas acusaciones graves que involucran el trato a los empleados de la plataforma.

Cabe destacar que esta declaración de Óscar Pierre se produce justo un día después de que la compañía anunciara un cambio significativo en su modelo de negocio en España. Glovo ha decidido adoptar un nuevo sistema que les permitirá operar con repartidores laborales en lugar de autónomos, decisión que la empresa sostiene es un reflejo de su "firme compromiso" con España y la economía digital dentro del país.

El nuevo modelo de operación se implementará en todas las ciudades donde Glovo tiene presencia, que son más de 900 en la actualidad, y se aplicará a todas las líneas de servicio de su aplicación. La empresa ha afirmado que esta transición buscará preservar la experiencia tanto de los usuarios como de los restaurantes que colaboran en su plataforma, asegurando que los cambios no afecten su calidad de servicio.

En un esfuerzo por asegurar que este cambio se realice de manera consensuada, Glovo ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales. Este foro estará destinado a dotar de todas las garantías necesarias al proceso y estará abierto a otros operadores del sector que deseen realizar transiciones similares, fomentando un ambiente colaborativo en el ámbito laboral.

Por su parte, el sindicato CGT ha manifestado su intención de participar en el procedimiento penal contra Glovo, con el propósito de erradicar las prácticas que consideran abusivas y fraudulentas que afectan la dignidad y derechos laborales de los trabajadores. La posición del sindicato pone de manifiesto la creciente preocupación por la situación de los 'riders' y sus derechos en el entorno laboral actual.

Está previsto que el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, rinda su declaración como investigado este martes 3 de diciembre. El sindicato CGT ha expresado su desacuerdo con la actitud de la empresa, ya que a pesar de la existencia de sentencias judiciales que establecen una relación laboral entre Glovo y sus repartidores, la compañía ha continuado ejerciendo prácticas que obvian este marco legal, obligando a los trabajadores a inscribirse como autónomos.

El sindicato advierte que esta situación significa que los 'riders' quedan desprovistos de las garantías y derechos que les corresponden bajo la normativa laboral, lo que podría constituir un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión y multas que pueden alcanzar los doce meses. Esta situación refleja la tensión existente entre las plataformas digitales y el marco laboral tradicional, un debate que seguirá evolucionando en los próximos meses.