MADRID, 22 Nov.

Un reciente informe sobre las Comunidades Autónomas para 2024 destaca la creciente demanda de un modelo de financiación específico para Cataluña. Esta solicitud se ha intensificado a raíz de los acuerdos de investidura entre ERC y el PSC, que llevaron a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Sin embargo, este asunto complica aún más un debate sobre la reforma del sistema de financiación que ya es intrincado, debido a las diversas posturas que tienen las diferentes comunidades autónomas.

El documento, elaborado por el IDP Barcelona y bajo la dirección de los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig, con la coordinación de Juan Carlos Covilla Martínez, ofrece una visión anual sobre la situación de las autonomías y sus retos.

La discusión sobre cómo financiar las autonomías ha resurgido tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se comprometió a trabajar en un nuevo modelo en los próximos meses.

Los autores del informe aseguran que lograr un consenso entre las demás comunidades sobre una excepción para Cataluña resultará complicado. No obstante, afirman que la idea de solidaridad interterritorial no está en duda en los acuerdos actuales.

El informe califica el estancamiento en la reforma del sistema de financiación autonómica como uno de los bloqueos más prolongados que ha enfrentado el Estado, y sostiene que este 'fracaso' no puede atribuirse a problemas técnicos.

A este respecto, el informe puntualiza que hay numerosas investigaciones sobre el tema, y desde hace años existen suficientes informes que apuntan a la necesidad de una reforma. Esto se da en un contexto de buena salud económica que podría facilitar este proceso, alejando la idea de que las dificultades solo se deban a crisis y escasez de fondos.

A pesar de las complejidades que se presenten, la investigación sugiere que la peculiaridad catalana podría abrir nuevas vías para reconsiderar y reformar el sistema de financiación a nivel territorial.

Más allá de las dificultades que presenta la singularidad catalana, el informe relaciona los obstáculos actuales con la tensa relación entre el Gobierno y sus socios, lo que hace prácticamente imposible llegar a un acuerdo sobre la reforma de financiamiento. Este clima de confrontación, según los académicos, es un alto precio que se paga por la polarización política.

“Las prioridades en la gobernanza se ven relegadas por la lucha por la mayoría en las próximas elecciones, lo que frustra cualquier acuerdo que se pueda interpretar como un triunfo del adversario. Esta dinámica se extiende a todos los niveles de colaboración, desde los pequeños foros hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debería ser clave en este proceso”, critican los autores.

Además, el informe resalta la importancia de las relaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades, a pesar del ambiente de tensión política que impera en España. Estas relaciones podrían ser una vía para superar la narrativa divisoria y facilitar la llegada a acuerdos.

Sin embargo, también se destaca la necesidad de complementar estos diálogos con la participación en organismos multilaterales cuando sea conveniente.

“Un enfoque bilateral es crucial en áreas que tienen un impacto particular en cada comunidad, pero se necesita un enfoque multilateral para cuestiones comunes, como la salud pública, donde la coordinación es esencial”, concluyen.

En resumen, el informe reafirma lo que se ha venido diciendo en análisis anteriores: no habrá soluciones técnicas efectivas sin un mínimo consenso político. Se hace un llamado urgente a reconstruir los canales de diálogo en el debate político y territorial español.

“La disposición a entenderse, buscar soluciones globales y mantener la lealtad institucional son elementos fundamentales para una estrategia federal que resulta cada vez más necesaria”, concluyen los académicos.