MADRID, 3 de abril. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre cinco y seis años de prisión para diez integrantes del clan 'Kutayni', acusados de financiar a Al Qaeda y sus grupos asociados en Siria mediante el envío de dinero y material. Esta información ha sido revelada por Europa Press a través del acceso a la acusación formal del Ministerio Público.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que las acciones del clan constituyen un delito de financiación del terrorismo. Los miembros del clan provienen de la región de Idlib, en Siria, un área que desde mediados de 2017 ha estado bajo control de Al Qaeda. Se alega que enviaron recursos significativos, incluyendo maquinaria, ambulancias y camiones, a diversas milicias dentro de este territorio en conflicto.

Se ha documentado que los acusados, liderados por Manaf Kutayni, hermano de Fares Kutayni, canalizaron estos recursos hacia milicias vinculadas a Al Qaeda. En 2017, varias facciones, entre ellas Jabhat Fatah al Sham, se agruparon bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS), lo que incrementó su poder en la región.

El mecanismo utilizado para el envío de fondos hacia Siria fue la 'hawala', un sistema de transferencia basado en la confianza y sin movimientos físicos de dinero. A través de este sistema, desde 2013 hasta 2019, se remitieron fondos tanto a Manaf Kutayni como a otros combatientes conocidos por su relación con Al Qaeda.

La Fiscalía reabrió la causa en 2018 tras recibir información sobre el regreso previsto de Human Kutayni, quien ya tenía antecedentes por vínculos con organizaciones terroristas y un atentado en Damasco que dejó 17 muertos en 2008. Actualmente, se busca condenar a diversos miembros de la familia Kutayni, incluyendo a Momen Allaham y otros implicados en el caso.

Por otro lado, la defensa de Mohammad Mohammad Jamil Daoud, uno de los supuestos hawaladores, ha argumentado que el nuevo gobierno sirio, encabezado por Ahmed al Shara, está compuesto en gran parte por miembros de HTS. Además, señalan que el gobierno español ha reconocido oficialmente a esta administración y ha comprometido ayuda económica, lo que plantea incongruencias en el juicio.

La defensa sostiene que es contradictorio que su cliente enfrente una condena de cinco años de prisión por supuestamente enviar 325 euros a una persona vinculada al terrorismo, mientras que funcionarios españoles pueden destinar 11 millones de euros a un gobierno relacionado con el mismo grupo terrorista. Asimismo, afirman que no hay evidencia que vincule a Daoud con actividades terroristas o con la gestión de un negocio de su familia en Madrid que fue objeto de investigación.