El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha solicitado que España rompa sus relaciones diplomáticas con Israel tras la reciente interceptación de una flotilla con destino a Gaza. Bustinduy considera que ni el Gobierno español ni otros gobiernos europeos han tomado las medidas necesarias para evitar este "desenlace lamentable".

En una declaración ante los medios, Bustinduy subrayó la urgencia de liberar a los activistas retenidos y hacer un llamado contundente al boicot contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Subrayó que esta es la única forma de poner fin a lo que tildó de "genocidio sistémico" contra el pueblo palestino.

El ministro afirmó que la falta de acción es inaceptable y que el Gobierno español no puede abordar esta situación en solitario. En su opinión, es fundamental incrementar la presión sobre las instituciones europeas para que dejen de lado la indiferencia y exijan el cumplimiento del derecho internacional. Bustinduy hizo énfasis en que aquellos responsables de crímenes contra la humanidad deben ser llevados ante la justicia.

En relación con la reciente actuación del ejército israelí, Bustinduy indicó que, aunque se han implementado más medidas contra Israel en comparación con otros países, esto no basta. La impunidad con la que actúa el Estado de Israel debe ser desafiada para acabar con el sufrimiento del pueblo palestino, aseguró.

El ministro también destacó la importancia de condenar lo que consideró un nuevo ataque al derecho internacional por parte del Gobierno israelí, enfocándose en la intervención contra una flotilla que busca aliviar el sufrimiento de los palestinos.

Bustinduy calificó de "secuestro ilegal" la detención de los activistas, enfatizando que sucedió en aguas internacionales, lo que representa una grave violación de las normas internacionales. Esta situación, dijo, resulta desoladora y requiere acción inmediata.

Finalmente, aludió a la necesidad de redoblar esfuerzos para boicotear a Israel, resaltando que este tipo de acción es efectiva para poner un freno a su política de impunidad. Cuestionó la persistencia del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel y la participación de empresas europeas que se benefician de la ocupación de territorios palestinos, afirmando que esta situación es completamente intolerable.