Las autoridades burkinesas han emitido contundentes críticas a un informe de la ONU que, según afirman, contiene información "grave y completamente falsa".

En una reciente declaración, el Gobierno de Burkina Faso anunció que ha declarado 'persona non grata' a la coordinadora residente de Naciones Unidas en su territorio, Carol Flore-Smereczniak, a causa de su participación en la elaboración de un documento que distorsiona la realidad en relación a la violencia contra los menores en el contexto del conflicto armado.

El comunicado oficial explica que "la comunicación unilateral de datos sin una base probatoria válida" ha llevado al Gobierno a concluir que Flore-Smereczniak ya no puede ser considerada una figura confiable en el diálogo con las autoridades nacionales.

El informe titulado 'Los niños y los conflictos armados en Burkina Faso' presenta un análisis sobre las condiciones políticas y de seguridad en la nación, enfocándose en las violaciones que sufren los menores. Sin embargo, las autoridades de Uagadugú han cuestionado la falta de consulta con ellas, sugiriendo que esto habría dado lugar a una evaluación más objetiva y completa de la situación. Acusan a la ONU de haber recopilado información sin corroborar con fuentes válidas.

El portavoz del Gobierno, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, expresó la “indignación” de las autoridades frente a lo que consideran una grave falta de respeto hacia las instituciones burkinesas, que no formaron parte de la elaboración del estudio y no fueron informadas sobre sus conclusiones.

Ouedraogo también criticó la forma en que el informe mezcla testimonios de terroristas con los informes de las fuerzas de defensa y seguridad de Burkina Faso. Señaló que el documento parece más un conjunto de insinuaciones sin fundamento que un análisis serio, ya que carece de respaldos documentales o judiciales que sustenten las alegaciones sobre abusos a menores atribuidos a los valientes soldados burkineses.

Las autoridades burkinesas han manifestado su sorpresa en relación con la insistencia de ciertas delegaciones de la ONU en emplear un lenguaje que consideran ambiguo, sugiriendo un esfuerzo por legitimar la violencia sistemática que ha sufrido la población de Burkina Faso durante la última década. En marzo, el Gobierno ya había transmitido una "aclaración clara" tras un encuentro con representantes de dichas agencias.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su lealtad a los principios de la ONU y destacó su disposición para colaborar con aquellas misiones que demuestren un auténtico compromiso de ayuda en el contexto de los desafíos humanitarios y de seguridad que enfrenta el país.

No se puede ignorar que Burkina Faso ha visto un incremento alarmante de la violencia desde 2015, resultado de los ataques de grupos extremistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, lo que ha alimentado tensiones intercomunitarias y fomentado la creación de grupos de autodefensa respaldados por el Gobierno.