En un desgarrador giro de eventos, cerca de 2,8 millones de afganos han sido obligados a regresar a su patria desde Pakistán e Irán a lo largo de 2025, en un contexto de creciente presión por parte de ambos países para repatriar a sus poblaciones afganas. Este dramático éxodo se produce en medio de una ofensiva decidida que demuestra la intolerancia hacia aquellos que huyen de un régimen talibán que una vez más ha hecho de Afganistán su bastión.

En Pakistán, la segunda fase del controvertido Plan de Repatriación para Extranjeros Ilegales (IFRP) se implementó en abril, incrementando las acciones contra los afganos que no cuentan con los documentos necesarios. Por su parte, Irán ha intensificado sus esfuerzos de repatriación desde marzo de este año, cuando se introdujo un nuevo sistema diseñado para facilitar el retorno de más de dos millones de afganos que se encontraban en su territorio.

La situación de vulnerabilidad se agrava, según lo manifestado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Los afganos que regresan se enfrentan a un entorno cargado de peligros, especialmente en Pakistán, donde los enfrentamientos con grupos armados como los talibanes paquistaníes han aumentado, poniendo en riesgo la vida de quienes intentan reintegrarse a su país tras haberlo dejado por razones de seguridad.

Del mismo modo, en Irán, ACNUR ha denunciado que los refugiados afganos sufren abusos cotidianos y que su regreso se ve amenazado por desastres naturales, como terremotos e inundaciones, además de la inestabilidad interna en Afganistán, evidenciada por un fuerte seísmo que afectó al norte del país en noviembre.

Estos retornos masivos han creado tensiones insostenibles en diversas provincias afganas, donde la capacidad para acoger a los repatriados es cada vez más limitada. Muchos de estos individuos habían huido anteriormente por el temor a represalias del régimen talibán, que, a pesar de haber tomado el control en 2021, sigue generando un clima de temor y desconfianza.

En respuesta a esta crisis humanitaria en expansión, ACNUR ha solicitado urgentemente la suma de 250 millones de euros para proporcionar asistencia vital, que incluiría refugio temporal, suministros esenciales y protección para las familias que regresan. Sin este apoyo internacional, el organismo advierte que se corre el riesgo de agravar aún más la precaria situación humanitaria en Afganistán.

Actualmente, se estima que alrededor de seis millones de afganos, la mayoría sin documentos, residen en el extranjero, principalmente en Pakistán e Irán, según datos del Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán. Esta masiva diáspora subraya la necesidad urgente de soluciones duraderas y la cooperación internacional para abordar las necesidades de esta vulnerable población.