BRUSELAS, 8 de octubre.

La Comisión Europea ha emitido un fuerte aviso a España, otorgándole un plazo de dos meses para adecuar la legislación nacional a la Directiva europea destinada a combatir el abuso sexual y la pornografía infantil. De no cumplirse este requerimiento, la Comisión podría considerar la opción de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta Directiva establece un marco común para tipificar como delitos el abuso y la explotación sexual infantil, así como la posesión de material relacionado con estas conductas, asegurando que tales crímenes sean sancionados adecuadamente en todo el territorio europeo. Asimismo, la normativa propone estándares mínimos para la tipificación de estos delitos y aboga por un fortalecimiento en la protección de las víctimas.

Además, la Comisión Europea insiste en que se implementen programas eficaces de intervención para tratar con los delincuentes, una medida fundamental en la lucha contra estos delitos atroces.

Tras confirmar la inadecuación en la implementación de estas normativas, Bruselas ha emitido un dictamen motivado dirigido a España, Irlanda y Bulgaria. Estos países tienen ahora un plazo de dos meses para aclarar las inquietudes planteadas por la Comisión y poner en marcha las acciones pertinentes. Si no se actúa en este tiempo, es probable que se inicien procedimientos legales ante el TJUE.