El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que las empresas dedicadas a la desokupación, aunque sean percibidas como "extremadamente violentas", no actúan de forma ilegal. Esta declaración se produce en un momento en que el debate sobre el control del mercado de la vivienda está en auge.

En una reciente entrevista para el pódcast 'Saldremos mejores', Bolaños defendió que el actual Gobierno de coalición es esencialmente socialdemócrata. Según sus palabras, no dudan en contemplar la intervención estatal cuando las dinámicas del mercado fallan, tal como sucede en el ámbito de la vivienda.

El ministro hizo hincapié en la ineficacia del mercado de la vivienda en España, señalando que muchas personas están siendo marginadas y expulsadas de este mercado. A pesar de los esfuerzos realizados desde el Gobierno, Bolaños reconoció que los resultados no se han hecho evidentes todavía, aunque expresó que la administración actual es la "única esperanza" para aquellos que buscan viviendas a precios asequibles.

Bolaños también destacó los logros de su Gobierno en la materia, como el hecho de haber multiplicado por ocho el presupuesto para vivienda desde 2018 y de haber incrementado en un 63% la construcción de vivienda pública. Subrayó que España tiene uno de los porcentajes más bajos de vivienda protegida en Europa.

El ministro indicó que, aunque se aprobó una Ley de Vivienda en 2022, las competencias en este ámbito recaen principalmente en las comunidades autónomas, complicando aún más la situación. Criticó a la Comunidad de Madrid al catalogarla como un "far west" por sus políticas liberales, lo que, según él, ha llevado a un aumento desproporcionado de los precios de los alquileres. En contraposición, mencionó a Cataluña, donde las reformas han llevado a una disminución del 9% en los alquileres.

En cuanto a la propuesta de Podemos para ilegalizar las empresas de desokupación, el ministro afirmó que no era necesario modificar la ley existente, ya que la violencia y el intimidación que pueden emplear estas empresas son delitos que pueden ser perseguidos bajo el marco legal actual. Resaltó que estas prácticas pueden y deben ser denunciadas por las autoridades correspondientes y los afectados.

Finalmente, Bolaños caracterizó a los miembros de estas empresas como "extremadamente violentos" y con ideologías posiblemente extremistas. Sin embargo, reiteró que, a pesar de su naturaleza y métodos, los servicios que ofrecen no constituyen una ilegalidad en sí mismos. "No se presentan como matones o fascistas. Se disfrazan de empresas profesionales, y es solo cuando sobrepasan la línea que se debe actuar legalmente", concluyó el ministro.