El pasado 10 de diciembre, en la sede del Congreso en Madrid, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció sobre la reciente condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bolaños manifestó un "absoluto respeto" por la decisión judicial, aunque admitió su desacuerdo con el fallo, en medio de una intensa sesión de control al Gobierno.

Durante su intervención, el ministro reiteró la importancia de acatar las resoluciones judiciales mientras informaba que el Gobierno ya había nombrado a la nueva fiscal general. A pesar de la sentencia, Bolaños expuso que sus dudas iniciales persisten, sugiriendo que la interpretación del caso podría haber sido más favorable hacia el principio de presunción de inocencia.

El ministro hizo hincapié en algunos puntos que, según él, pone de relieve la sentencia, entre ellos las confesiones del abogado de Alberto García Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones de mentiras por parte del jefe de gabinete de Ayuso. Además, reconoció la capacidad profesional de García Ortiz y su compromiso con el servicio público.

En respuesta a las declaraciones de Bolaños, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, cuestionó la actuación de García Ortiz, sugiriendo que había actuado bajo las órdenes del Gobierno y tachándolo de "delincuente". Tellado criticó a Bolaños por defender al ex fiscal y consideró su postura como un "ridículo histórico".

La crítica continuó con Tellado señalando que García Ortiz había incumplido su deber de reserva y había borrado información potencialmente incriminatoria para no ser descubierto. Asimismo, el secretario del PP hizo referencia a diversos escándalos que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, insinuando que el Gobierno está en una situación crítica y sin salida.

Por otro lado, Cuca Gamarra, diputada del PP, arremetió contra el Gobierno, aludiendo a que busca situarse por encima de las instituciones y reescribir las leyes a su conveniencia. Gamarra aseguró que el Ejecutivo manipula la justicia para protegerse, argumentando que las acciones del Gobierno demuestran un preocupante desvío de los principios democráticos.

El ministro Bolaños, ante estas acusaciones, defendió la libertad de expresión como un derecho fundamental y recordó las afirmaciones de antiguos líderes del Partido Popular sobre la influencia del Tribunal Supremo en las responsabilidades del Gobierno. Al mismo tiempo, instó al PP a aceptar la discrepancia de opiniones en torno a la sentencia judicial.

Finalmente, el titular de Presidencia concluyó sus declaraciones pidiendo al PP que muestre respeto también hacia los militantes socialistas que trabajan arduamente por mejorar el país, subrayando la importancia de reconocer el esfuerzo de aquellos que, desde distintas posiciones políticas, buscan el bienestar común.