El pasado 28 de octubre, en Madrid, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la aprobación de un proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que se considera un cambio trascendental en el sistema judicial español. Esta nueva legislación transferirá la responsabilidad de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales, lo que permitirá también que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno, y limitará las acusaciones populares, excluyendo a los partidos políticos de este papel.

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños subrayó que el objetivo de esta reforma es modernizar el proceso penal en línea con las exigencias de la justicia contemporánea. Afirmó que tras 143 años desde la aprobación de la ley actual, era hora de implementar este cambio significativo.

El ministro argumentó que la designación de "histórico" para este momento es merecida, considerando que han pasado más de un siglo y que numerosos políticos y figuras claves han intentado, sin éxito, actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, este Gobierno ha logrado avanzar en este aspecto, y el proyecto ahora se enviará a las Cortes Generales para su debida tramitación.

En su declaración, Bolaños hizo hincapié en que la ley vigente había sido objeto de innumerables modificaciones, a menudo insuficientes, desde su debut en 1882. Explicó que, a diferencia de intentos anteriores, este Gobierno ha conseguido llevar adelante una nueva propuesta que también aborda reformas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se ha establecido que la nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Esto significa que no impactará sobre los casos que ya están en proceso ni afectará al actual fiscal general del Estado, cuyo periodo acaba en 2027.

Con esta reforma se busca homologar el sistema judicial español con los modelos de otras democracias europeas, algo que, según Bolaños, no es una idea nueva. La estructura de la investigación se centrará en los fiscales, quienes estarán supervisados por un juez de garantías, permitiendo que el juicio oral sea evaluado por un juez adicional cuando proceda.

Además, se reglamentará la figura de la acusación popular, restringiendo su uso a ciertos delitos y excluyendo a entidades políticas y otros grupos de interés, lo que responde a las críticas sobre su uso por parte de organizaciones de extremos para perseguir políticamente a sus adversarios.

El ministro destacó que muchas de las causas más conocidas en la actualidad están atormentadas por la participación de partidos políticos o asociaciones en calidad de acusaciones populares, y que esto ha sido una preocupación en la comunidad política.

La nueva ley delineará específicamente los delitos susceptibles de inclusión bajo la acusación popular, enfocándose en los que afectan a la colectividad y no a intereses partidistas. Además, fomentará acuerdos entre defensores y la Fiscalía para evitar dilaciones innecesarias en el curso de los juicios, un objetivo que ha sido claramente evidenciado en casos mediáticos recientes.

Por otro lado, la reforma también incluye cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantizan que el mandato del fiscal general no se alinee con el del Gobierno. Esta medida busca asegurar una mayor independencia del Ministerio Público, prohibiendo la intervención del Ejecutivo en casos concretos y estableciendo un proceso transparente para la selección de fiscales encargados de investigaciones.

A través de estos cambios, el Gobierno pretende otorgar a la Fiscalía mayor autonomía, delegando en su jefe el poder de nombrar y sancionar a los fiscales, lo que podría minimizar la influencia política en la fiscalización de delitos. Se resalta la importancia de que la Junta de Fiscales de Sala tenga la capacidad de imponer su criterio en la designación de ciertos fiscales, mejorando así la integridad del proceso judicial.

El proyecto de ley, aprobado recientemente, incorpora observaciones del Consejo de Estado, y establece que la policía judicial operará bajo la supervisión funcional del Ministerio Fiscal cuando esté involucrada en investigaciones, asegurando la continuidad del respeto a la jerarquía policial. Estas reformas son vistas como un paso firme hacia un sistema más equitativo y transparente dentro del ámbito judicial español.