En un movimiento significativo, Boeing ha alcanzado un pacto preliminar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que implica un desembolso de 1.100 millones de dólares (equivalentes a 956 millones de euros) para esquivar cargos penales relacionados con los trágicos accidentes del 737 MAX.

El inicio del juicio, que estaba programado para el 23 de junio en Fort Worth, Texas, podría verse postergado gracias a este acuerdo. Según información proporcionada por Bloomberg, parte de esta suma, 444,5 millones de dólares (391,1 millones de euros), se destinará a un fondo que asistirá a las familias de las víctimas de los accidentes, que sucedieron entre octubre de 2018 y marzo de 2019 debido a fallos en el diseño del software del avión, lo que resultó en la pérdida de 346 vidas.

Además, se estipula que Boeing invertirá 455 millones de dólares (399 millones de euros) en el fortalecimiento de sus programas de cumplimiento y seguridad, además de abonar 243 millones de dólares (213,3 millones de euros) como penalización económica.

Las familias de las víctimas han expresado su rotunda oposición al hecho de que la empresa evite un juicio y, la semana pasada, enviaron una misiva al gobierno estadounidense solicitando que Boeing no eludiera la acusación penal correspondiente.

Este convenio inicial está pendiente de la aprobación del juez del distrito, Reed O'Connor, quien se espera que se pronuncie antes del 30 de mayo, lo que podría marcar el cierre de un proceso legal que se ha dilatado durante varios años.

En 2021, Boeing ya había llegado a un arreglo con el Departamento de Justicia que permitió retrasar su procesamiento por supuestas irregularidades en la información suministrada a la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un sistema vinculado a estos incidentes fatales.

No obstante, meses después, el gobierno indicó que la compañía había infringido dicho acuerdo, sugiriendo cargos penales, lo que llevó a Boeing a aceptar declararse culpable de conspiración criminal, pagar una multa y comprometerse a destinar al menos 455 millones de dólares (421 millones de euros) para mejorar sus programas de cumplimiento y de seguridad.

Posteriormente, el juez había otorgado al fabricante y al equipo legal del gobierno diversas prórrogas para facilitar las negociaciones encaminadas a un nuevo pacto.