La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha presentado una solicitud ante la Audiencia Nacional para impedir la marcha que se ha convocado para el próximo 22 de agosto por Sare y las agrupaciones de Bilbao. Este evento tiene como objetivo exigir la "vuelta a casa de presos, exiliados y deportados" de ETA, en un intento de abordar "las consecuencias del conflicto".

En un comunicado emitido el miércoles, la AVT pide que se soliciten informes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sobre los organizadores de la movilización, con la intención de averiguar si existen detrás de ellos organizaciones que hayan sido ilegalizadas.

La asociación denuncia que la marcha es un "claro ejemplo" de cómo se intenta "blanquear el terrorismo" mediante el uso de un lenguaje manipulador. Afirma que el uso de la frase "vuelta a casa de los presos" sugiere una búsqueda de impunidad para quienes han cometido delitos graves.

Desde su perspectiva, la liberación de estos presos, condenados por actos de terrorismo, sería un desprecio a la gravedad de sus crímenes y a la justicia que merecen las víctimas. Aseguran que no existen refugiados ni deportados; son terroristas que eligen no regresar a España por tener cuentas pendientes con la justicia, y, por tanto, no pueden ser calificados de exiliados.

La AVT también subraya que no ha habido un conflicto en el sentido tradicional del término, ya que esto "revictimiza a quienes han sufrido el terrorismo", haciendo que parezca que todos fueron partícipes en un enfrentamiento en el que todos serían, simultáneamente, víctimas y victimarios. En este sentido, argumentan que la violencia de ETA es exclusivamente responsabilidad de los terroristas y de aquellos que les apoyan desde las instituciones.

A su juicio, la manifestación programada para el 22 de agosto resulta en un ataque a la dignidad de las víctimas, quienes "tienen el derecho de caminar por Bilbao sin sentirse humilladas".

Además, enfatizan la preocupación por una sociedad que parece enviar el mensaje de que los actos de asesinato y extorsión son aceptables, considerados casi como un asunto menor ante las repercusiones judiciales. "Las condenas impuestas en los tribunales no deben ser vistas como papel mojado", añaden.

En este contexto, la AVT exige "medidas efectivas" y recuerda que desde mayo está pendiente en el Parlamento Vasco una propuesta legislativa que busca sancionar este tipo de movilizaciones. "La aprobación de esta medida depende únicamente de la voluntad política", concluyen.