
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en un punto muerto debido a la elección de los 12 vocales del turno judicial, ya que tanto el PSOE como el PP no logran llegar a un acuerdo. Mientras que los populares solicitan que los jueces sean elegidos por los propios jueces, los socialistas defienden que la intervención parlamentaria se mantenga. Por su parte, las asociaciones judiciales proponen diferentes fórmulas para reducir el componente político del órgano y evitar bloqueos en el futuro.
El CGPJ está formado por un total de 20 vocales, además de su presidente, siendo 12 de ellos jueces y magistrados y los otros 8 juristas con más de 15 años de experiencia profesional. La Constitución establece la forma de seleccionar a los 8 juristas, mientras que la designación de los 12 de extracción judicial queda en manos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la cual también asigna a las Cortes Generales la selección de estos vocales.
Para poder ser candidatos, los jueces y magistrados que deseen ingresar en el turno judicial deben contar con el respaldo de una asociación judicial o el aval de 25 colegas. Una vez que se elaboran las listas, el presidente saliente del CGPJ las envía al Parlamento para su elección.
Actualmente, hay más de 5.300 jueces y magistrados en activo, de los cuales aproximadamente 3.100 son miembros de asociaciones judiciales, lo que representa el 57,8% de la carrera judicial, según datos del CGPJ. Sin embargo, la LOPJ establece un mecanismo corrector para evitar que las asociaciones judiciales acaparen las 12 plazas y excluyan al 42,2% de los no afiliados.
Desde hace años, la Comisión Europea ha estado exigiendo a España que renueve el CGPJ y, posteriormente, ajuste su modelo a los estándares europeos, en los cuales al menos la mitad de los miembros del órgano deben ser elegidos por sus pares.
Después de que el último acuerdo, prácticamente cerrado en otoño de 2022, se viniera abajo debido al anuncio de una reforma inminente de la sedición, el PP ha estado exigiendo al PSOE que se comprometa a cambiar el sistema de elección de los 12 vocales judiciales para cumplir con estos estándares. Para el Partido Popular, sin esta garantía, no puede haber renovación del CGPJ.
Las voces críticas advierten que esta afirmación genérica de "que los jueces elijan a los jueces" podría llevar a que el CGPJ deje de estar controlado por los partidos y pase a estar dominado por asociaciones judiciales, las cuales también tienen sesgos políticos, socavando así el objetivo de despolitizar el órgano.
Por otro lado, el PSOE enfatiza que lo urgente es la renovación y que cualquier reforma pueda ser discutida en un momento posterior. No obstante, defienden la legitimidad democrática de que el Congreso y el Senado, con la configuración que los votantes les otorgan en cada momento, sean quienes designen a los vocales judiciales.
La intervención parlamentaria es precisamente la que muchos consideran responsable de la actual parálisis, que ha llevado a una situación inédita en la que el CGPJ ha estado en funciones durante tanto tiempo como caducado, es decir, una década en total.
Las asociaciones judiciales, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), consideran que cualquier reforma debe tener como objetivo tener un órgano de gobierno de los jueces y magistrados que no esté controlado por otros poderes. En una propuesta conjunta, sostienen que el sistema actual genera la percepción de que el CGPJ está sometido al poder político, lo cual es perjudicial para la democracia y el Estado de Derecho.
Mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la cual cuenta con más de 1.400 afiliados, propone una lista abierta a nivel nacional donde cada miembro de la carrera judicial pueda votar a 12 candidatos y sean los más votados los que sean elegidos como vocales del CGPJ. AJFV y FJI también proponen listas abiertas con voto directo de los miembros de la carrera judicial, pero con un sistema que garantice la pluralidad proporcional en su composición.
Las asociaciones sugieren que cada elector pueda votar a un máximo de 6 candidatos y que el voto sea cualificado, asignando más puntos al primer votado que al segundo y así sucesivamente. Además, se permitiría que las agrupaciones de electores y los jueces a título individual presenten candidaturas, siempre que cumplan con los avales establecidos.
Para AJFV y FJI, este sistema aseguraría un CGPJ plural y representativo de la carrera judicial, lo que resultaría en decisiones derivadas de un debate y un intercambio de opiniones y puntos de vista que favorecerían la neutralidad e imparcialidad.
En cuanto a posibles salvaguardas, AJFV y FJI sugieren que si el Congreso y el Senado se retrasan en el nombramiento de los 8 vocales del turno de juristas, el nuevo CGPJ pueda comenzar a funcionar provisionalmente con los vocales judiciales elegidos dentro del plazo establecido o incluso con los vocales no judiciales mediante la prórroga de sus mandatos.
El Tribunal Constitucional ha señalado recientemente que, aunque la renovación integral es la fórmula preferida por el legislador, no es inconcebible un sistema de renovación parcial del órgano. De hecho, la LOPJ permite que, si hay 10 vocales nombrados por una de las cámaras sin que se haya designado a los 10 restantes correspondientes a la otra cámara, los primeros puedan tomar posesión sin esperar a los segundos.
Es importante destacar que cualquier modificación en cómo se eligen los 12 jueces del CGPJ requeriría un acuerdo político vinculado a la renovación del órgano. Hasta el momento, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han acordado iniciar negociaciones con la mediación de la Unión Europea.
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