Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, ha planteado una inquietante propuesta en respuesta a las noticias reveladoras sobre una posible investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que involucra a diversas personalidades políticas, incluidos Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, del PSOE, ha desestimado la solicitud de Pisarello para que se comunique con el Tribunal Supremo y se le consulte sobre si se están llevando a cabo diligencias investigativas respecto a algunos diputados sin el adecuado proceso, lo cual podría comprometer la inmunidad que les confiere su estatus parlamentario.

La propuesta de Pisarello surge tras informaciones sobre el llamado 'caso Koldo', el cual menciona un auto que instruye a la UCO a indagar sobre las conversaciones mantenidas por Cerdán y otros aforados. Ante ello, la defensa de Cerdán ha recurrido al TS, pidiendo que se identifique a los aforados bajo investigación y que se notifique al Congreso sobre esta situación, manifestando su preocupación por posibles vulneraciones del debido proceso.

Aunque Pisarello dirigió su solicitud a la Mesa del Congreso, este tipo de relaciones y comunicaciones con otras entidades son competencia de la presidenta de la Cámara. Sin embargo, el tema fue discutido en la última sesión del órgano rector del Congreso.

De acuerdo con fuentes consultadas por Europa Press, Armengol anunció que tiene la responsabilidad de proteger los derechos y prerrogativas de los parlamentarios y que actuará si se detectan irregularidades. A su juicio, no hay evidencia que justifique una acción en este momento, y el Partido Popular también se manifestó en contra de la solicitud de Pisarello.

Un aspecto clave del escrito de Pisarello radica en su advertencia de que si se han otorgado autorizaciones para investigar a parlamentarios, esto podría constituir una "investigación encubierta" que no se ajusta a la legislación española, que exige un suplicatorio formal ante el Congreso para tales diligencias.

Pisarello enfatizó que la inmunidad de los parlamentarios no es un privilegio, sino una "garantía institucional" que debe ser respetada, y pidió a la Mesa que se dirigiera al Supremo para clarificar la situación sobre los diputados bajo investigación, solicitando detalles específicos sobre el inicio de tales indagaciones.

Por último, Pisarello instó a que, en caso de que se confirme la existencia de investigaciones sin el debido suplicatorio, se pida al Tribunal Supremo que presente una exposición razonada que permita un tratamiento conforme al Reglamento establecido en la Cámara.