En el complejo caso que involucra al comisario José Manuel Villarejo y su relación con Repsol y La Caixa en el denominado 'proyecto Wine', se ha producido un nuevo giro jurídico. El tribunal que lleva el juicio ha decidido no aceptar la citación como testigos de dos figuras clave: el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé. Esta decisión se ha dado a conocer el martes pasado.

Es importante recordar que la solicitud para que ambos presidentes comparecieran como testigos fue presentada el lunes durante la fase de cuestiones previas, por la representación legal de Luis del Rivero, quien se alega fue objeto de espionaje por parte de Villarejo. La importancia de su testimonio radica en que ambos presidentes habían declarado como investigados durante la instrucción del caso.

La presidenta de la sala judicial, Teresa Palacios, justificó la negativa al testimonio de estos altos ejecutivos al señalar que, aunque su testimonio podría ofrecer una perspectiva sobre los hechos, su participación podría derivar en lo que calificó como una "situación heterodoxa". Palacios advirtió que, al ser interrogados, podrían enfrentarse a preguntas que se tornaran en su contra, lo que complicaría aún más el proceso judicial.

Al respecto, Palacios explicó que la percepción de los hechos por parte de directivos de alto nivel podría provocar una serie de complicaciones adicionales, incluyendo la posible reapertura de un caso que ya había sido sobreseído en la fase de instrucción. Por ello, sugirió al abogado de Del Rivero que, si poseía información nueva que justificara una acción legal adicional contra los presidentes, debería considerar la opción de solicitar la reapertura del caso ante el juez instructor.

Por otra parte, el tribunal sí accedió a las peticiones de Villarejo para que se tomaran declaraciones testificales de varios ex altos funcionarios policiales. Esto incluye al ex director adjunto operativo Eugenio Pino, que aportará su visión sobre la situación de Villarejo en el momento en que ocurrieron los hechos que se investigan. Asimismo, se aceptó testificar al exjefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, a David Rodríguez Vidal, quien se presenta como excolaborador del CNI, y al excomisario general de la Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio.

Es relevante también señalar que, en una decisión reciente, la Sección Cuarta del tribunal excluyó tanto a Repsol como a Caixabank y la Administración del Estado como responsables civiles subsidiarios del caso. Esta exclusión se produjo después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía optaran por no perseguir a estas entidades en esta etapa del proceso judicial.

Durante la sesión, la presidenta Palacios también anunció que las cuestiones previas planteadas por los encausados se resolverán a través de una sentencia, dado que se trata de temas complejos que incluyen la posible prescripción de los hechos, el carácter prospectivo de la investigación y la supuesta ruptura de la cadena de custodia de la evidencia recabada durante las entradas y registros realizados.

Finalmente, no se puede pasar por alto que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas significativas para Villarejo y otros implicados en este caso. Concretamente, se han pedido 40 años y medio de prisión para Villarejo, así como sentencias variadas para otros coacusados, como su socio Rafael Redondo, y altos responsables de seguridad de Repsol y Caixabank, quienes enfrentan cargos que incluyen cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos a terceros, y falsedad en documento mercantil.

Tal como detalla el informe de Anticorrupción, la historia del conflicto relata que en agosto de 2011, Sacyr Vallehermoso, bajo la presidencia de Luis del Rivero, y la petrolera mexicana PEMEX habían alcanzado un acuerdo que implicaba un control significativo sobre Repsol. Frente a este desafío, los altos directivos de Repsol implementaron diversas estrategias para recabar información que les permitiera gestionar la situación, involucrando a sus directivas de Seguridad Corporativa, encabezadas por los acusados Rafael Araujo y Rafael Girona.