El líder del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha presentado las prioridades de su organización para esta legislatura. Entre ellas, destaca la propuesta de establecer legalmente una semana laboral de 35 horas, aumentar el coste del despido improcedente y fijar un sistema automático para que el salario mínimo interprofesional siempre sea el 60% del salario medio. Álvarez argumenta que el actual salario mínimo no cumple realmente con este porcentaje y que debería ser de 1.200 euros mensuales en lugar de los 1.080 euros actuales.

Además de estas medidas, el líder de UGT también aboga por introducir mejoras en la intermediación laboral para facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de los desempleados y critica la falta de compromiso de los servicios públicos de empleo. Por otro lado, defiende la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales, sin que esto implique una pérdida de sueldo para los trabajadores.

Álvarez también hace hincapié en la necesidad de abordar la cuestión del despido improcedente, argumentando que su precio actual es insuficiente y que deberían tenerse en cuenta otros factores como la situación personal del trabajador a la hora de fijar la indemnización. Asimismo, sostiene que el aumento del precio del despido no afectaría negativamente al empleo, a pesar de lo que defiende la patronal.

En cuanto a la Ley de Empleo, el líder sindical considera que no aborda de forma suficiente el problema estructural del desempleo y critica la falta de voluntad por parte de las administraciones para mejorar los servicios de empleo.

Álvarez también hace un llamamiento a los políticos para que se centren en las cuestiones que realmente importan a los ciudadanos, como las dificultades económicas y sociales, en lugar de enfocarse en debates políticos como la independencia de Cataluña. A su juicio, las demandas de los partidos catalanes para investir a Pedro Sánchez no movilizan a la mayoría de los ciudadanos.

Finalmente, Álvarez insiste en la necesidad de que el proceso de investidura se lleve a cabo dentro del marco constitucional y en el menor plazo posible, haciendo hincapié en que la Constitución no es flexible y debe respetarse

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