En la jornada del 11 de noviembre, la capital española, Madrid, se convierte en el epicentro de un debate decisivo sobre políticas medioambientales y económicas, al anunciarse los resultados de un estudio de relevancia elaborado por la asociación ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E). Este estudio pone de relieve el arrendamiento social de coches eléctricos (VE) como una estrategia fundamental dentro de los planes climáticos de los países pertenecientes a la Unión Europea (UE).

El informe expone que la implementación de ayudas específicas puede ser un medio eficaz para facilitar el acceso a vehículos eléctricos a los hogares de clases medias y bajas. En este contexto, se argumenta que el alquiler social se presenta como una alternativa óptima para aquellos conductores cuyas rentas son más modestas, quienes se verán particularmente afectados por la anticipada alza en los precios de los combustibles, consecuencia del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCDE2).

Teniendo en cuenta esta problemática, la asociación ecologista está instando a los gobiernos de los estados miembros de la UE a que incluyan la opción del arrendamiento social en sus políticas climáticas, sugiriendo que dichos programas sean financiados a partir de los ingresos generados por el RCDE2. T&E argumenta que tales iniciativas son cruciales para hacer del mercado de vehículos eléctricos algo más accesible y, al mismo tiempo, acelerar la transición desde los combustibles fósiles hacia alternativas más sostenibles.

El informe también menciona que, si bien se espera que los vehículos eléctricos consigan alcanzar paridad de precios con los automóviles de combustión interna para 2028, se requiere implementar medidas concretas que ayuden a superar la barrera del costo inicial elevado de los VE. Es imperativo actuar para facilitar la adopción de estos vehículos entre los hogares de ingresos medianos y bajos.

Para ilustrar sus postulados, el análisis presenta el caso de Francia, que introdujo su programa de arrendamiento social en diciembre de 2023, el cual ofrece vehículos eléctricos a un costo mensual que oscila entre los 49 y 150 euros. Esta iniciativa combina subvenciones públicas con opciones de arrendamiento, buscando alcanzar a la mitad de la población que se encuentra en la franja de ingresos más bajos.

Este programa, que está programado para continuar en 2025 con ajustes que busquen mejorar tanto su eficiencia como su transparencia, ha demostrado una demanda notable, pues se registraron más de 90.000 solicitudes, y de ellas se aceptaron alrededor de 50.000. Este éxito ha superado las expectativas iniciales, destacando que la mayoría de los nuevos beneficiarios son jóvenes y pertenecen a grupos de ingresos más bajos que los que tradicionalmente adquieren vehículos eléctricos.