Organizaciones judiciales advierten sobre un "serio daño" a la independencia del poder judicial y a la fe pública en los jueces

MADRID, 9 de septiembre. (EUROPA PRESS)

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han hecho un llamado urgente este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que presenten evidencias de sus recientes afirmaciones sobre ciertos jueces que supuestamente "hacen política". Consideran que tales acusaciones afectan gravemente la separación de poderes y la confianza que los ciudadanos depositan en el sistema judicial.

Este pronunciamiento surge como respuesta a las declaraciones realizadas por Sánchez en una entrevista con RTVE el pasado 1 de septiembre, en las que comentó que hay magistrados involucrados en actividades políticas. Además, instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a evaluar si estas situaciones cumplen con los principios de independencia y presunción de inocencia que todos los ciudadanos merecen.

Las opiniones de Sánchez fueron respaldadas por el ministro Bolaños, quien, en una entrevista publicada en el diario 'El País' el 7 de septiembre, describió las afirmaciones del líder del Ejecutivo como una “realidad incontestable”. Bolaños solicitó también al CGPJ que se ocupase de ciertas directrices judiciales que, según él, requieren un “toque serio”.

Ambas organizaciones judiciales expresaron en un comunicado conjunto que, más allá del derecho a criticar resoluciones judiciales, las afirmaciones de los funcionarios públicos causan un daño significativo a la separación de poderes y a la confianza ciudadana en el sistema judicial.

AJFV y FJI se mostraron preocupadas por el hecho de que tanto Sánchez como Bolaños no solamente expresaron su desacuerdo con algunas decisiones judiciales, sino que además sostuvieron que existen jueces que emiten sus resoluciones guiados por motivaciones políticas.

Han subrayado que estas palabras implican una acusación de prevaricación, uno de los delitos más serios que puede cometer un juez en el ejercicio de su trabajo. Compararon esta situación con lo que sucedería si un grupo de jueces acusara de corrupción a algunos ministros o legisladores sin pruebas suficientes.

Las organizaciones consideran que la gravedad de estas acusaciones es monumental, y resaltan que aunque se indique que los comportamientos denunciados son poco comunes, esto no minimiza la importancia del mensaje que se envía a la ciudadanía: "si un juez puede actuar de esta manera, cualquiera podría hacerlo".

En el contexto de una democracia madura, argumentan que no es aceptable que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia hagan tales acusaciones sin que haya repercusiones. Se trata de un tema que, según ellos, debe ser abordado con seriedad.

Por lo tanto, han instado al Gobierno a que, en caso de que existen pruebas sobre jueces que operan con motivaciones políticas, procedan a identificar y presentar las denuncias correspondientes. Estas conductas son consideradas delitos y es fundamental que los propios jueces se interesen en perseguir cualquier irregularidad en su función.

Si no hay pruebas concretas, exigen una rectificación pública por parte del presidente y el ministro, afirmando que el correcto desempeño de sus funciones no puede ser compatible con afirmaciones que pongan en duda el trabajo de las instituciones y socaven la confianza ciudadana en el sistema de justicia.