En una acción decisiva, los partidos Republicano y Demócrata han logrado un acuerdo este jueves en Madrid, protegiendo así al Gobierno de un cierre parcial inminente. Esta medida implica la separación del paquete legislativo destinado a la financiación, permitiendo que los senadores voten por partes en cuanto a la asignación de recursos, un movimiento que evita la discusión acalorada en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de una creciente presión por las recientes redadas antimigratorias en Minnesota, que resultaron en la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales.

Bajo este nuevo acuerdo, la Cámara Alta se enfocará en la aprobación de la financiación para la mayoría de los programas abarcados en cuatro de las cinco leyes del paquete, garantizando su funcionamiento hasta finales de septiembre. Sin embargo, la parte referente a la Seguridad Nacional solo contará con una extensión de dos semanas, mientras los senadores entran en negociaciones sobre los términos específicos del texto, tal como indicó el líder del Senado, Chuck Schumer, a la red CNN.

El plazo para la aprobación de este texto es urgente, ya que debe completarse antes de que se agote la semana, asegurando así que los fondos sean liberados para cada uno de los programas propuestos en el paquete legislativo.

No obstante, se prevé la posibilidad de un corto cierre gubernamental, dado que la Cámara de Representantes también debe ratificar las leyes aprobadas. El portavoz de la Cámara Baja, Mike Johnson, mencionó en una entrevista con ABC que "podría no ser posible" reunir a todos los congresistas antes del lunes, aunque enfatizó que, si se produce un cierre, sería “breve” y podría resolverse rápidamente.

El expresidente Donald Trump ha expresado su interés en el progreso de estas negociaciones, afirmando que está "trabajando arduamente con el Congreso para asegurar la financiación completa del Gobierno, sin retrasos".

Trump también destacó que "Republicanos y Demócratas han unido fuerzas para financiar la vasta mayoría del Gobierno hasta septiembre" y conceder más tiempo al Departamento de Seguridad Nacional. Afirmó que esto incluye el importante esfuerzo en la expansión y reconstrucción de la Guardia Costera, resaltando la necesidad de un voto bipartidista. "Esperemos que tanto republicanos como demócratas apoyen este acuerdo con un 'sí' rotundo", concluyó.

Este acuerdo ha surgido después de intensas conversaciones, durante las cuales los senadores demócratas insistieron en que los agentes federales deben adherirse a las mismas políticas de uso de la fuerza que los cuerpos de seguridad estatales y locales, prohibiendo el uso de máscaras, obligando el uso de cámaras corporales adecuadamente registradas y limitando las patrullas itinerantes.

La controversia ha aumentado debido al envío de agentes federales, especialmente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza, que han llevado a cabo numerosas redadas antimigratorias en diferentes estados durante los últimos meses.

Particularmente, la situación más alarmante ha sido la redada supervisada por la Administración Trump en Minnesota, la cual culminó en la trágica muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, ambos de 37 años, a manos de fuerzas federales.