En un giro sorprendente en el ámbito político francés, un grupo de aproximadamente 30 abogados ha decidido tomar acciones legales contra el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin. La causa se desencadena tras la visita del ministro a Nicolas Sarkozy en prisión, donde el expresidente se encuentra desde el 21 de octubre debido a una condena relacionada con financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2007, acusaciones que él niega fervientemente.

Los letrados han interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la República, argumentando que el ministro ha vulnerado principios de imparcialidad al involucrarse personalmente en un caso que le corresponde a la Fiscalía, que está bajo su supervisión administrativa. En el documento presentado, de diez páginas, se argumenta que la visita de Darmanin a Sarkozy podría influir en el proceso judicial en curso, pues afecta la percepción de neutralidad que debe gobernar estos procedimientos.

Los abogados subrayan que, aunque Darmanin no tiene potestad directa para decidir sobre la acción de la Fiscalía, su rol como superior jerárquico conlleva una responsabilidad implícita que podría impedir una evaluación justa del caso. Esto ha llevado a los letrados a cuestionar el motivo real detrás de su encuentro con el expresidente, señalando que su relación personal y profesional con Sarkozy podría influir en su juicio sobre el proceso judicial.

Asimismo, destacan que las opiniones de Darmanin, así como el apoyo que ha mostrado hacia Sarkozy, no pueden ser consideradas como neutrales. Recuerdan la larga amistad entre ambos, sugiriendo que esto podría comprometer la objetividad y la equidad esperadas de alguien en su posición, especialmente en un asunto tan delicado como el que actualmente afecta al exmandatario.

Durante su reciente visita a prisión, Darmanin defendió su decisión, afirmando que su objetivo no era cuestionar el sistema judicial sino asegurarse de que se cumplan las condiciones de seguridad adecuadas, dada la notoria relevancia del caso. Esta declaración busca enmarcar su papel como un guardián de la ley, aunque las críticas persisten.

La condena de Sarkozy incluye una sentencia de cinco años por asociación delictiva, aunque el exjefe de Estado insiste en que es inocente y acusa a la justicia de ser parte de un complot político en su contra. Mientras se espera la resolución de sus apelaciones, la situación sigue generando un intenso debate sobre la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial francés.