En Madrid, el 6 de enero, el exministro del PSOE, José Luis Ábalos, ha solicitado formalmente a la Mesa del Congreso que le restituya sus derechos como diputado hasta que el Tribunal Supremo decida sobre su situación legal en la audiencia programada para el 15 de enero.

Esa fecha marcará un momento crucial, ya que se discutirá el recurso de apelación que Ábalos interpuso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En este recurso, argumenta que no hay pruebas que justifiquen su prisión preventiva, destacando la falta de riesgos de fuga y señalando una supuesta violación de su derecho a representar a los ciudadanos, además de criticar el uso de la prisión como medida que no corresponde con la naturaleza del proceso judicial.

En un comunicado fechado el 31 de diciembre y publicado a través de su cuenta en la red social X, Ábalos advierte que las decisiones tomadas hasta ahora significan no solo la pérdida de sus ingresos económicos derivados de su labor en el Congreso, sino también la falta de apoyo financiero para cubrir los gastos relacionados con sus funciones, afectando su situación en la Seguridad Social y otros beneficios relacionados.

No obstante, el exministro destaca que la cuestión más grave de su suspensión es la privación de su derecho al voto. Argumenta que esta decisión afecta a la representación legítima de los ciudadanos de Valencia que confiaron en él durante las elecciones del 23 de julio de 2023.

Asimismo, Ábalos señala que su suspensión altera la composición del Congreso, reduciendo el número de diputados de 350 a 349, lo cual, en su opinión, genera una distorsión en la representatividad de la Cámara Baja.

En conclusión, el exdirigente socialista hace un llamado a la Mesa del Congreso para que reevalúe la decisión que tomó con premura, solicitando que se le devuelvan sus derechos y responsabilidades en calidad de diputado, al menos hasta que se celebre la vista judicial donde se determinará su futuro.