En un hecho sin precedentes, la Agencia Tributaria ha informado de una devolución extraordinaria de más de 300 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades, relacionada con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales ciertas medidas incluidas en un real decreto-ley aprobado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de aumentar la recaudación a través de este tributo.

En el mes de febrero, Hacienda ha destacado que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades disminuyó un 29,6%, alcanzando los 467 millones de euros, debido a devoluciones extraordinarias por más de 300 millones, derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de reformas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular.

El Tribunal Constitucional, en enero, por unanimidad, declaró inconstitucionales ciertas medidas del real decreto-ley de 2016 del Gobierno de Rajoy para incrementar la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, argumentando que no se pueden introducir cambios de este tipo mediante este instrumento legislativo.

Entre las modificaciones señaladas por el TC se encuentran restricciones para compensar bases imponibles negativas, límites a deducciones por doble imposición y la obligación de incluir deterioros de participaciones en la base imponible. Estas medidas afectan principalmente a grandes empresas, pero también pueden impactar en otros contribuyentes de este impuesto.

La corte constitucional ha reiterado que un decreto-ley no puede alterar elementos fundamentales de los tributos que afecten la determinación de la carga tributaria, lo cual debe ser evaluado considerando el tributo en cuestión y el alcance de la modificación realizada.

En este contexto, los jueces han determinado que las reformas impugnadas han tenido un impacto significativo en elementos esenciales del Impuesto de Sociedades, afectando la esencia del deber de contribuir de los obligados por este tributo, por lo que han sido declaradas inconstitucionales y nulas.

Recientemente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que aún no cuentan con una estimación precisa del impacto total de esta sentencia. Sin embargo, ha criticado las medidas "improvisadas" por el Gobierno anterior, señalando que están teniendo un alto costo para las finanzas públicas.

"Pronto podremos compartir el costo que ha tenido para el actual Gobierno muchas de las medidas consideradas ilegales o no conformes a la legalidad por el Gobierno anterior", expresó Montero, refiriéndose a las decisiones tomadas durante la administración de Cristóbal Montoro.