Vox pide al Supremo que obligue a la JEC a actuar ante la ley de nietos y evitar daños al voto

Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que obligue a la Junta Electoral Central (JEC) a tomar medidas respecto a la aplicación de la llamada 'ley de nietos'. La formación considera que la resolución de la JEC, que declaró no tener competencia sobre las nacionalizaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática, vulnera el derecho al sufragio.

El conflicto surge tras la aprobación de la ley en la pasada legislatura, que facilita la nacionalización de descendientes de españoles exiliados, y la instrucción del Ministerio de Justicia en 2022, que amplió el acceso a la nacionalidad. La JEC, en su respuesta, alegó que no podía actuar por exceder sus competencias, aunque cuatro de sus vocales advirtieron de un aumento irregular en el censo electoral.

Este incremento potencialmente ilegal en el censo electoral puede afectar la transparencia y legalidad de los procesos electorales, según Vox. La formación pide que el Supremo ordene medidas específicas, como la revisión y control de inscripciones en el censo y la identificación rigurosa de los votantes que ejercen su derecho desde el extranjero.

El recurso también cuestiona la falta de medidas de la JEC para asegurar la integridad del proceso electoral y la protección del derecho al voto. Vox denuncia que la resolución favorece, sin justificación, la conservación de inscripciones que podrían no cumplir con los requisitos legales, poniendo en riesgo la seguridad y legalidad del sufragio.

Desde un punto de vista político, la iniciativa de Vox refleja su estrategia de confrontación con instituciones del Estado y su intención de marcar diferencias en la gestión electoral. La controversia también pone en evidencia las tensiones internas en el órgano electoral, donde algunos vocales discrepan con la postura mayoritaria.

De cara al futuro, la decisión del Tribunal Supremo será clave para definir el alcance de las competencias de la JEC en estos casos y la posible revisión del censo electoral. La resolución puede sentar un precedente importante sobre cómo se gestiona la nacionalización y el derecho de sufragio en contextos de cambios legislativos relacionados con la memoria histórica.