Crónica España.

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Usuarios de Criptomonedas exigen investigación sobre denunciante de Alvise por práctica ilegal.

Usuarios de Criptomonedas exigen investigación sobre denunciante de Alvise por práctica ilegal.

La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha presentado una denuncia ante los juzgados madrileños contra Álvaro Romillo --conocido como Cryptospain-- por un presunto delito de intrusismo profesional. La asociación sostiene que Romillo ha proporcionado servicios de asesoría tributaria y financiera sin tener la titulación académica necesaria y sin estar registrado en la CNMV.

Según el escrito presentado por los abogados de Aranguez Abogados, Cryptospain ha estado ejerciendo esta actividad de asesoría desde principios de 2021 hasta hace poco, cuando cerró todas sus plataformas digitales. Se ha destacado que Romillo publicaba videos en TikTok (@cryptospain) relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, utilizando su supuesta condición de experto para generar confianza en los usuarios de la plataforma.

La asociación de usuarios señala que Cryptospain ha creado una "marca personal" que le ha permitido asesorar a clientes, principalmente empresarios y particulares del sector crypto. Se menciona que recomendaba la apertura de cuentas bancarias en el extranjero para evitar impuestos en España, entre otras prácticas.

La asociación solicita que Romillo sea citado como investigado, que se escuche a la asociación denunciante con vistas a tomar acciones legales, y que el Equipo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional investigue los hechos denunciados. También piden el cese de la actividad del denunciado en redes sociales y la recopilación de toda la documentación de su perfil de TikTok, así como la adopción de medidas cautelares.

En paralelo, Romillo está siendo investigado por la Audiencia Nacional por presuntas estafas relacionadas con Madeira Invest Club, plataforma de la cual fue responsable y que habría defraudado más de 300 millones de euros. Había presentado una autodenuncia ante la Fiscalía General del Estado alegando que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez semanas antes de las elecciones europeas.