Unidas Podemos ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que alerta al gobierno español sobre su último acuerdo con Estados Unidos relacionado con los refugiados latinoamericanos. La coalición política advierte de que esto podría suponer un trato diferenciado con aquellos migrantes que ya se encuentran en el país y han solicitado protección internacional.

La iniciativa, recogida por Europa Press, hace llegar las reclamaciones de las organizaciones del Tercer Sector que trabajan en el asunto al Ejecutivo. Además, la coalición política cuestiona al Gobierno sobre si se va a extrapolar este sistema a otras regiones del mundo, como África, y también quiere saber cuántas personas serían beneficiarias de este acuerdo con Estados Unidos.

El acuerdo firmado por España y Estados Unidos, en el que también participa Canadá, supone una colaboración entre estos países para reducir la migración llegada desde Latinoamérica. España se ha comprometido a evaluar la situación de aquellos que puedan ser trasladados al país en un contexto de migración legal, como refugiados o también a través de permisos laborales o de residencia que sean compatibles con otros acuerdos que España mantiene con otros países del continente sudamericano.

Este análisis de la situación de los migrantes, según lo explicado por el Ministerio de Migraciones y el Departamento de Estado de EEUU, se hará en dos centros que Estados Unidos tiene en Guatemala y Colombia y que están gestionados por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Unidas Podemos no prejuzga la eficacia de la iniciativa pero teme que, tal y como han denunciado algunas ONG, esta actividad pueda significar "un trato diferenciado que pudieran recibir las personas de la misma procedencia" pero que ya se encuentran en España porque "han llegado por otras vías". La coalición política también teme por aquellos que arriesgan su vida por las rutas migratorias desde el continente africano.

La coalición política pregunta si se aplicará el mismo criterio para el reconocimiento del estatus de protección internacional de las personas que vayan a ser traídas de países latinoamericanos con respecto a los mismos perfiles ya presentes en España y que, sin embargo, hasta ahora han visto denegadas sus solicitudes.