El pasado 23 de mayo, la esfera política de Madrid se vio sacudida por la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de citar a comparecer a dos altos funcionarios del Gobierno regional, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. La comparecencia está programada para el 26 de mayo a las 12:30 horas, tal como ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Estos funcionarios fueron responsables de establecer los protocolos de no derivación hospitalaria en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Mur, quien asumió el cargo como director general de Coordinación Sociosanitaria, fue relevado por Peromingo, quien continuó en el mismo puesto tras la salida de su predecesor.

La reactivación de este caso se produce tras un período de archivo provisional que duró casi tres años. La organización 7.291 Verdad y Justicia ha sido clave en la gestión de esta denuncia, que ahora retoma impulso tras el tiempo de inactividad.

La causa se origina a raíz de una denuncia colectiva presentada el pasado octubre, respaldada por 109 familiares de personas fallecidas en residencias durante la crisis sanitaria. Las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia coordinaron este esfuerzo, que busca responsabilizar a altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por presuntas violaciones en el acceso a la asistencia sanitaria, en base al artículo 511 del Código Penal, que penaliza la discriminación en la atención médica.