En el polémico entramado del fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, emerge la figura de Carmen Pano, empresaria que, según testimonios recientes, se presenta como la persona que ejercía el control en la sociedad Combustibles Lucinala SL y que habría transportado grandes sumas de dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista, específicamente 90.000 euros.

El testimonio de Carlos Castillo, señalado como testaferro en este escándalo, revela que percibió entre 400 y 700 euros mensuales por su rol de administrador en la citada empresa, aunque insistió en que su labor fue legal y que solo recibió tales cantidades durante un breve periodo. Castillo también indica que siempre respondió a las directrices de Carmen Pano, quien figura como apoderada de la sociedad.

En la misma línea, Luis Alberto Escolano, asociado estrechamente con el empresario Víctor de Aldama —presunto cerebro detrás de la trama—, decidió no declarar ante los investigadores, asegurando que necesitaba tiempo para que su abogado comprendiera a fondo el caso.

Castillo ha declarado que tuvo tres encuentros con De Aldama y que en uno de ellos otorgó un poder, permitiendo a De Aldama operar en otra empresa involucrada en la investigación, Metaway Combustibles SL. Según la información recopilada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta última entidad se dedicaba no solo a la venta de vehículos, sino también a actividades relacionadas con el comercio de combustibles.

Además, se le preguntó a Castillo sobre un automóvil asociado a Combustibles Lucinala SL que habría sido utilizado por Claudio Rivas, otro implicado clave en la trama. Castillo admitió conocer sobre el vehículo, pero desconocía que estuviera a disposición de Rivas en actividades ilícitas. También mencionó haber participado en una transacción internacional de 8.000 euros hacia la República Dominicana relacionada con costos de abogados.

La investigación del juez, que ha identificado un fraude estimado en 231,7 millones de euros, continuará con las declaraciones de otros dos sospechosos, Francisca de Santos y Francisco Javier Rodríguez, quienes son acusados de desempeñar roles de testaferros dentro de la red delictiva.

Francisca de Santos, al frente de la empresa Casmar Hidrocarburos SL, presuntamente actuó como intermediaria en simulaciones de transmisión de productos petrolíferos para evadir impuestos. A su vez, Rodríguez, quien tomó el relevo de Santos en la misma compañía, también se encuentra en la mira por sus conexiones con la organización criminal.

El jueves, se prevé que comparezcan otros implicados como Jaime Salmerón e Iván Castañer, quienes también se encuentran vinculados con empresas que operaban dentro de este esquema de fraude al IVA. Salmerón, por ejemplo, es identificado como socio de Carburantes Jalón Plaza SL, mientras que Castañer está ligado a Skyward Tech SL, ambas utilizadas para llevar a cabo las maniobras ilegales.

El juez está muy interesado en desentrañar un sistema bajo el mando de Villafuel SL que permite evadir el IVA dentro del sector de los hidrocarburos, con múltiples causas abiertas en la Audiencia Nacional. Se ha revelado que el esquema del fraude radica en que las operadoras compran combustible sin abonar el IVA, y luego dejan de ingresar dicho impuesto, generando así un ingreso ilícito para los responsables.

A medida que la presión de las autoridades aumenta, las organizaciones criminales han adaptado sus métodos, empleando nuevas empresas para ocultar las verdaderas identidades de quienes controlan la operación, buscando protegerse de inhabilitaciones que podrían afectar su funcionamiento.